Muchas corporaciones de la provincia se han ocupado de ámbitos que no eran de su competencia durante los años que sus cuentas se lo han permitido. Y es que, tal y como ha explicado a Mediterráneo el alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, "la cercanía hace que los ciudadanos vengan a reclamar a los ayuntamientos, por lo que, en cierta medida, nos hemos visto obligados a ofrecer servicios, en su mayoría en materia de bienestar social o seguridad, cuando realmente estos eran responsabilidad del Estado central o del Consell".

Ahora, aún sabiendo que no es el mejor momento para hacerlo, los municipios de la provincia reclamarán lo que les corresponde a través de un frente común, encabezado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Pedirán los fondos de compensación interterritoriales, en el caso del Ejecutivo central, que establecen las cantidades a percibir por servicios prestados que no les corresponden.

Del mismo modo, el concejal de Morella Ernest Blanch ha explicado que "la Generalitat debe a esta localidad la parte proporcional que le toca por ofrecer servicios que debe prestar el ente autonómico durante al menos dos años", aunque el edil confía en que "a final de año cumpla con su palabra y pague".

MÁS AYUDAS Por otra parte, Vila-real y Benicàssim exigen que se reconozcan los habitantes reales que residen en estas localidades, para que se puedan mejorar las percepciones por la participación en tributos del Estado. En el caso de Vila-real, el Ayuntamiento reclama que se reconozcan los 50.000 habitantes, mientras que Benicàssim pondrá en marcha un plan de empadronamiento con el objetivo de alcanzar los 20.000 ciudadanos censados.

Áreas como Fiestas o Cultura pueden verse más afectadas por la crisis. En este sentido, la alcaldesa de la Vall d´Uixó, Isabel Bonig, señala que "la inversión en celebraciones será menor".