Las dos principales instituciones públicas de la provincia --el Ayuntamiento de Castellón y la Diputación-- ya se pronunciaron la semana pasada en contra del recorte inversor en infraestructuras. En ambos casos, PP, PSPV-PSOE y Bloc pactaron alzar la reivindicación política al Gobierno central y a la Generalitat.

El pleno de la Diputación fue el primero en pronunciarse el pasado día 22. El texto de la moción consensuada reclamó a ambas administraciones sensibilidad inversora con Castellón aunque sin llegar a desglosar las infraestructuras.

Sí lo hizo la moción que negociaron en el consistorio de la capital las tres fuerzas políticas. En el caso del Gobierno central citaron el AVE desde Valencia y su conexión con Tarragona, el acceso ferroviario sur al puerto, el corredor mediterráneo de mercancías y la variante de la N-340 entre Castellón y Orpesa.

Al Consell acordaron reclamar la culminación del TRAM, la nueva estación ferroviaria de mercancías, la autovía norte de acceso al puerto y la conexión viaria de la AP-7 con la autovía de acceso al puerto. Fuera del pacto quedaron proyectos como el Centre de Convencions, la Ciudad de las Lenguas o la sede de la VIU. H