En la calle, medio millar de indignados del 15-M protestaban pacíficamente contra la corrupción política y los recortes sociales derivados de la crisis económica con simbólicas cartulinas rojas y pancartas alusivas. Mientras, en el hemiciclo del Palau de Benicarló, Francisco Camps iniciaba a media mañana su discurso del debate de investidura que culminaría a última hora de la tarde con su reelección como presidente de la Generalitat con los votos de los 55 diputados del grupo popular. Los representantes de Compromís le sacaron tarjetas rojas mientras votaban en contra.

Camps centró su intervención inicial de 55 minutos en dos grandes ejes dialécticos: enumeró los puntos prioritarios de su tercer mandato al frente del Consell con la austeridad en el gasto corriente como hilo conductor y acusó una y otra vez a José Luis Rodríguez Zapatero de ser el único culpable de la crisis económica y social por la "inacción e improvisación de un Gobierno en liquidación" que solo ofrece "un vicepresidente en permanente campaña electoral", dijo, en alusión a Rubalcaba.

Camps denunció que España ha retrocedido al año 2005 en indicadores como el Producto Interior Bruto (PIB) o el consumo eléctrico y censuró la subida de impuestos, la derogación del trasvase del Ebro o la Ley de Memoria Histórica para lanzar su primera andanada al Movimiento 15-M. "Disfrutamos de una democracia que está muy viva y que cambia todo aquello que no funciona y que no le gusta, una democracia moderna que rechaza la agresividad, la violencia y el extremismo de los que no creen en nada", señaló. "Para cambiar lo que no funciona no hay atajos, solo se consigue desde el trabajo en las instituciones democráticas", avisó a quienes en la calle reclamaban otro modelo de democracia. "En estas Cortes no hay espacio para la confrontación violenta y la ruptura antisistema", añadió para pedir que se transforme "la indignación y el desorden en compromiso y respeto".

Respecto a su nuevo equipo, Camps prometió que tendrá "menos conselleries, menos altos cargos, menos asesores y menos gastos para conseguir más sanidad, más educación, más protección social y más empleo". En un claro guiño al sector empresarial valenciano, que le había reclamado un gobierno fuerte y austeridad en el gasto público, prometió que el presupuesto del 2012 ahorrará 1.150 millones el gasto, gracias a una bajada del 15% del gasto corriente y un 30% las subvenciones y transferencias de capital, "excepto en las partidas de políticas sociales", y recortará el dinero destinado a sociedades y fundaciones públicas, uno de los agujeros negros del gasto en los años de bonanza. No mencionó en cambio ninguna medida para acabar con el colapso en el pago de facturas a los proveedores, otra reivindicación empresarial.

En materia económica, Camps dibujó un paisaje de incipiente recuperación en la Comunitat, y presumió de que es la "cuarta" autonomía española "que más ha disminuido el desempleo en el mes de mayo" y cuya inversión industrial creció un 53% entre enero y abril, según afirmó.

NO SUBIR LOS IMPUESTOS // Respecto a las recetas de su próximo ejecutivo para remontar la crisis, mencionó "una política fiscal que no suba los impuestos y que estimule la actividad económica en lugar de castigarla", prometió medidas de ahorro energético en los sectores productivos y defendió la reforma educativa que pretende equiparar en los colegios el castellano, el valenciano y el inglés. "Es una realidad incontestable que, desde que gobierna el PP, el valenciano está más fuerte que nunca", afirmó Camps.

En un discurso carente de referencias directas al secretario general del PSPV, Jorge Alarte --eso lo dejó para sus dos turnos de réplica--, Camps deslizó una sola alusión al principal grupo de la oposición. Lo hizo cuando anunció que propondrá en Les Corts una reforma del sistema electoral de la Comunitat para que los ciudadanos "puedan elegir a sus diputados por circunscripciones uninominales, partiendo del número de representantes de cada provincia", una fórmula que en su opinión fomentará "una mayor proximidad y conexión directa entre electores y diputados".