Los efectos de la crisis no solo se dejan sentir en los bolsillos del consumidor a través de los recortes de empleos y sueldos. Las entidades financieras, bancos y cajas, parecen haber decidido que sus clientes tienen que pagar parte del coste que a ellos les supone la inestabilidad de los mercados y han optado mayoritariamente por subir las comisiones. Las reacciones no se han hecho esperar y lo han hecho en forma de quejas y reclamaciones. En Castellón las cifras se han disparado.

Para conocer la magnitud del fenómeno basta acudir a dos fuentes. La primera es el Banco de España, que en la memoria del 2010 del Servicio de Reclamaciones cifra en 1.550 las reclamaciones efectuadas desde la Comunitat Valenciana (unas 200 procedían de Castellón). Lo significativo es que ese dato ha aumentado un 24% en un solo año y se ha duplicado desde 2008. La segunda estadística la confecciona la Unión de Consumidores de Castellón, que cerró 2010 con 95 denuncias a bancos y cajas, 19 más (25%) que el año anterior.

La casuística por la que los bancos y cajas cobran las comisiones es casi infinita. Las reclamaciones recibidas por la oficina de Adicae en la Comunitat van desde los cobros abusivos por descubiertos en las cuentas, hasta las denominadas cláusulas suelo o los embargos de patrimonio de los avalistas de créditos hipotecarios, que afecta fundamentalmente a personas de origen inmigrante.

Daniel Araque, coordinador de Adicae en la Comunitat, apunta que las entidades están repercutiendo los efectos de la crisis sobre sus clientes y enfatiza que los usuarios ahora optan por no estar callados. “Los bancos nos han ocultado información siempre, pero ahora es cuando empezamos a darnos cuenta. La gente no es tonta”, argumenta.

COMISIONES ABUSIVAS // Como ejemplo tipo del aumento de las reclamaciones, tanto Adicae como las distintas organizaciones de consumidores citan las comisiones de mantenimiento, es decir, entidades que en los últimos meses han pasado a cobrar cargos por mantenimiento de cuentas que antes no cobraban y que oscilan entre los 12 y los 18 euros cada seis meses. Las explicaciones que suelen ofrecer los empleados de las entidades son variopintas, pero en la mayoría de los casos las comisiones se mantienen pese a las reclamaciones efectuadas por los clientes.

La suscripción de una hipoteca (un negocio redondo al asegurarse el cobro de intereses durante años) es una fuente de ingresos interminable para las entidades. Una de sus prácticas habituales es obligar al suscriptor a contratar un seguro de vida asociado a la misma. Normalmente el interesado es informado al suscribir la hipoteca, pero a veces surgen sorpresas... y reclamaciones.

¿CÓMO PROTESTAR? // Con este panorama, al cliente, el único camino que le queda es la reclamación o cambiar de entidad, aunque en este caso puede acabar encontrándose con problemas similares una vez pasado el período inicial. La reclamación debe presentarse inicialmente ante el servicio de atención al cliente de la propia entidad. Tienen un plazo de dos meses para responder, pero no hay obligación legal de hacerlo. Transcurrido este tiempo, se puede reclamar ante el Banco de España, que tiene cuatro meses para emitir dictamen. El problema es que su veredicto no es vinculante y al usuario solo le queda la vía judicial. “Hay muchos casos que llegan a los juzgados, pero nos encontramos con el problema de que la Justicia es lenta y el tema puede tardar 10 años en resolverse definitivamente”, lamenta Daniel Araque.

La impresión general es que el usuario está desprotegido y las organizaciones de consumidores ya han pedido al Gobierno que ponga el freno a bancos y cajas. H