Justo dentro de una semana, en plena jornada de huelga general, un grupo de funcionarios judiciales de Vinaròs tratará por la fuerza de que Ramón Ibáñez, su mujer Teresa Escoda, su hijo Israel y su suegra abandonen el chalet a medio construir en Alcossebre. Se cumplirá así la segunda orden de desahucio que pesa sobre esta familia. En septiembre fue la primera, aunque la presión de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Castellón evitó que se ejecutará. Para el jueves también prometen guerra.
La historia de Ramón (una de las pocas personas de Castellón que se atreve a dar la cara y contar su caso) difiere, y no poco, de las que con frecuencia se asoman a los telediarios. En este caso, este barcelonés con antepasados en les Alqueries y Alcalà de Xivert, sí puede pagar lo que le resta de hipoteca, aunque lo que reclama es que se subsane un error y pueda abonar lo que debe al banco en un plazo de 20 ó 25 años. Nada más. “Nos encontramos en una situación de desamparo jurídico”, argumenta Ramón, que lo achaca todo a un “error de forma” en el crédito hipotecario no percibido en su momento ni por el notario de Valencia que supervisó la operación, ni por Caja Madrid, la entidad financiera, ni por la propia familia, que no tuvo acceso al contrato hasta pasados 18 meses. Solo en ese momento advirtieron de que el plazo para la amortización del préstamo hipotecario de 100.000 euros era de 2 años, “en lugar de los 20 años que inicialmente se negociaron”.
Ramón no se cansa de repetir que lo que le ocurre a su familia es un sinsentido. “No tiene ni pies ni cabeza que un trabajador pida 100.000 euros para devolverlos en dos años junto a los intereses y los de la carencia”, lamenta.
NEGOCIAR, IMPOSIBLE // Tras darse cuenta del error, y siempre según la versión de la familia, Ramón y su hijo Israel trataron por todos los medios de llegar a un acuerdo con el banco. “Hemos intentado pactar con el banco y hacer las cosas bien. Lo único que queremos es que nos dejen pagar la hipoteca en un plazo de 20 años. Nada más. Podemos asumir la deuda, pero en un plazo razonable y como lo hace cualquier familia”.
A pesar de que los han intentado por activa y por pasiva, el banco siempre se ha negado. “Esta finca y esta casa hace tres o cuatro años era un caramelito para el banco. Estamos hablando de un terreno de 17.000 metros cuadrados y una vivienda de 300 metros, que hemos ido construyendo poco a poco y con nuestro sudor”, cuenta el afectado.
Con las negociaciones rotas, la entidad bancaria decidió llevar el impago al juzgado. “Yo me defiendo como puedo. En Vinaròs los juzgados nos dicen que no pueden parar el procedimiento y que debo esa cuantía a Caja Madrid. Nadie está por la labor de facilitar nada y yo solo quiero devolver la cantidad en los años que pedí”, añade su mujer.
DENUNCIA AL BANCO // Ante la negativa de la entidad financiera, y a la vista de las “anomalías” existentes en el crédito, los Ibáñez-Escoda no se han quedado con los brazos cruzados. A través de un abogado han interpuesto una denuncia penal contra la entidad a la que acusan de estafa. A pesar de encontrarse en proceso la demanda penal contra la entidad financiera, el procedimiento de ejecución hipotecaria ha seguido su camino hasta llegar a la segunda orden de desahucio en seis meses. “Nosotros no vamos a rendirnos. En nuestra denuncia no pedimos nada. Queremos pagar lo que debemos y seguir con nuestras vida. Somos gente trabajadora y nunca hemos intentado estafar a nadie”, insiste Ramón.
Desde la Plataforma Afectados por la Hipoteca se suman, de nuevo, a la reivindicación de la familia, “en la defensa tanto de su derecho a la vivienda como a la protección ante el poder de los bancos”, concluyen. H
