El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto ley con medidas para evitar que familias en situación de vulnerabilidad extrema sean desahuciadas de sus viviendas. La iniciativa fue tildada de “decepcionante, discriminatoria y demasiado restrictiva” tanto por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como por el PSOE. El primer partido de la oposición no apoyó al Gobierno central en esta fase, pero no descarta hacerlo cuando el decreto se tramite en el Congreso.
El Ejecutivo ha evitado modificar la ley hipotecaria -una exigencia planteada por los jueces, el PSOE y las oenegés- y ha definido las exigencias que una familia debe cumplir para evitar ser desalojada de su primera vivienda. En primer lugar, la familia debe tener una renta global inferior a tres veces el indicador público de renta de efectos públicos, esto es, 1.597 euros al mes (19.164 euros al año). Además, ha debido de ver alterada de manera significativa su carga hipotecaria en los últimos cuatro años, la cuota mensual que le exige el banco por su crédito debe superar el 50% de los ingresos netos familiares y la vivienda afectada debe ser la única en propiedad.
Si una familia reúne todas estas circunstancias, podrá solicitar la moratoria de dos años en el pago de la cuota hipotecaria siempre que cumpla además una de estas otras condiciones: estar en paro y sin recibir prestación; ser familia numerosa o monoparental con dos hijos a cargo; tener un hijo menor de 3 años; convivir con una persona con discapacidad superior al 33% o en situación de dependencia o enfermedad que le impida trabajar, o que haya en el núcleo familiar una víctima de violencia machista.
INTERESES DE DEMORA // Junto con esta moratoria de dos años, que no tiene efectos retroactivos, el Ejecutivo también promete crear de manera “urgente” un Fondo Social de Viviendas, con precios de alquiler “muy razonables”, según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para las personas desahuciadas.
Para el trámite parlamentario, el Gobierno ha dejado los aspectos relacionados con las subastas, los intereses de demora -una de las medidas más apremiantes a ojos de los colectivos contra los desahucios-, la independencia de las sociedades de tasación y las cláusulas abusivas. Tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría afirmó que el decreto es una “respuesta urgente y paliativa” que el Gobierno adopta “por razones humanitarias”.
Los socialistas, que entre el lunes y el miércoles mantuvieron tres reuniones maratonianas con el Gobierno, consideran que la respuesta es “urgente”, sí, pero “no paliativa”. O al menos no lo suficiente. El PSOE quería una reforma mucho más profunda, que el código de buenas prácticas bancarias fuese de obligatorio cumplimiento y que bastase el umbral de renta, sin más requisitos, para acogerse a la paralización del desalojo. De ahí que el acuerdo fuera imposible. Ni siquiera con la última oferta del Ejecutivo, que según concretó el PSOE era mucho menos restrictiva de la finalmente aprobada por el Consejo de Ministros.
“¿Qué pasa si la familia tiene un hijo de 4 años y no de 3?”, se preguntó la vicesecretaria de economía socialista, Inmaculada Rodríguez-Piñero: “No podrá acogerse, aunque no pueda pagar la hipoteca”. En cualquier caso, las negociaciones continuarán durante la tramitación y el PSOE espera, aunque sin mucha convicción, que sirvan para reformar a fondo la ley hipotecaria.
La vicepresidenta no quiso dar un sí rotundo a las preguntas sobre si el Ejecutivo reformará esta norma y recordó que el PSOE no la cambió en siete años en el Gobierno. Lo que sí reconocieron ella y el ministro de Economía, Luis de Guindos, es que la troika había sido informada sobre estas iniciativas, pero sin detalle. H
