Los ayuntamientos de Almenara y Morella han dado el primer paso para no autorizar a sus policías locales en la intervención en los desahucios que se produzcan en estas localidades. Como ya está ocurriendo en otras ciudades, como Zaragoza, Córdoba, o más cerca, Alaquàs (Valencia), los alcaldes presentarán en sus plenos mociones para evitar la presencia policial en los desalojos, además de dejar de colaborar con las entidades bancarias que ejecuten el impago de las hipotecas.
El alcalde de Almenara, Vicent Gil, señala que “no es la primera acción en este tema, ya que presentamos diversas mociones a favor de la dación en pago y el cambio de la ley hipotecaria”, y se solicitó la apertura de una oficina de intermediación de los afectados, que finalmente se ubicará en la Vall. “La ley hipotecaria es injusta y hay que cambiarla, empezando por el propio entorno y por nuestros vecinos”, dijo Gil.
El alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, confirmó que secundarán la propuesta de Almenara, proponiendo una moción en el próximo pleno municipal al respecto. En Castellón, la concejala de EUPV, Carme Carreras, anunció esta semana que interpondrá una moción en el pleno. H
