La Universitat Jaume I de Castellón ha decidido paralizar la última convocatoria de plazas para profesor y catedrático tras el pulso que mantiene con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. A pesar de que el pasado mes de julio, el Gobierno prohibió tajantemente a todas las universidades públicas del país la convocatoria de oposiciones, la UJI y la Universitat de València optaron por seguir adelante con el proceso. Ahora, y tras recibir una notificación judicial, la universidad de Castellón ha dado marcha atrás y va a retener la última de las convocatorias a personal docente investigador (PDI).

Según ha podido saber este periódico, la Jaume I recibió el pasado jueves una notificación judicial en la que se le advertía que el Estado había presentado un recurso contra la decisión de la Universitat de seguir convocando plazas para profesor y catedrático. A pesar de la prohibición, la UJI siguió adelante con la convocatoria del mes de mayo (18 procesos de oposición) y hace tan solo unas semanas decidió abrir otro proceso selectivo para cubrir nuevas vacantes de profesor. Ahora, y tras la notificación por parte del juzgado, el equipo de Gobierno de la Jaume I ha optado por anular la segunda de las convocatorias e intentar batallar judicialmente para que la primera no se declare nula. “Esta misma semana el vicerrector de Ordenación Académica y Profesoral, Francisco López, se va a reunir con los implicados en los 17 primeros procesos para informarles que la UJI se personará en la causa y que ellos también pueden hacerlo a título individual”, explicaron ayer fuentes de la UJI.

HOY, CONSEJO DE GOBIERNO // Por lo que se refiere a la última convocatoria de Personal Docente Investigador, que ahora está en marcha y que afecta a otros 14 procesos, se paralizará. De hecho, este tema será abordado esta misma mañana en la reunión del consejo de gobierno. “Solamente se tramitarán las plazas de personal laboral que están en el último año de contrato y que están acreditadas a ayudante de doctor, de acuerdo con las instrucciones por escrito que nos remitió la Dirección de Universidades de la Generalitat”, aseguran en la UJI.

A excepción de la UJI y la UV, el resto de las universidades públicas valencianas acató la orden del Ministerio de Hacienda. H