El ejecutivo municipal de Castellón aprobó ayer en el pleno, ante una veintena de miembros de la plataforma Stop Desahucios, una moción del Bloc para pedir a los bancos la elaboración conjunta de un censo de viviendas vacías para fomentar su alquiler social. Sin embargo, el PP rechazó una moción de EU para que los agentes de la Policía Local no participen en ningún desalojo por impago de hipotecas; tumbó otra del PSPV para retirar el dinero de aquellos bancos que desahucien a vecinos y para presupuestar en el 2013 ayudas a los afectados.
La vicealcaldesa, Marta Gallén, condenó en nombre del PP las ejecuciones hipotecarias “con el agravante de haber recibido fondos públicos”, pero justificó el voto contrario en dos de las tres mociones en que la Policía Local “solo actúa siguiendo órdenes de los jueces” y no hacerlo “infringiría la ley” mientras, en el caso de los bancos, el consistorio “busca siempre las mejores condiciones financieras porque nos lo exige la ley, no podemos penalizar a las entidades en los contratos”. La oposición acusó al PP de situarse al lado de los bancos.
PISOS SOLIDARIOS // Por otro lado el Instituto Valenciano de la Vivienda entregará, antes de final de año, 28 pisos con alquiler social en Castellón, Burriana y la Vall d’Uixó destinados a personas con riesgo de exclusión social o que han perdido su casa por un desahucio. H
