Los ciudadanos podrán conocer el coste real de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos con la introducción en la reforma local, aprobada ayer por el Gobierno, del coste efectivo, que elimina el denominado coste estándar tras las recomendaciones hechas por el Consejo de Estado.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, proclamó solemnemente en la rueda de prensa posterior al Consejo que la norma que lleva su sello es “profundamente municipalista”. El ministro basó esta afirmación en que, cuando la norma sea aprobada definitivamente, los alcaldes dejarán de sufragar las denominadas “competencias impropias”. Las comunidades deberán asumir en un plazo máximo de cinco años las prestaciones relacionadas con la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y si deciden traspasarlas a los municipios, tendrán que sufragarlas, tengan o no dinero en la caja.

LA FÓRMULA // Montoro, reconoció, no obstante, que ha tenido que rebajar sus ansias de meter de la tijera en los ayuntamientos de forma radical. El Gobierno se había sacado de la manga una fórmula matemática, denominada coste estándar, mediante la cual poder calcular cuántos consistorios son “ineficientes”. Al aplicarla, el resultado era desesperanzador: casi 6.000 de los 8.000 consistorios superaban el coste estimado y, por tanto, corrían el peligro de perder sus competencias en pro de las futuras megadiputaciones. Sin embargo, el Consejo de Estado emitió un informe muy crítico con un vaciado municipal con claros visos de inconstitucionalidad, de ahí que el Gobierno haya tenido que suavizar su pretensión inicial.

Aun así, Montoro se reserva la baza de poder intervenir no ya en todos los consistorios, sino en aquellos que incumplen el objetivo de déficit o necesiten ayuda financiera del Estado. En el plazo de tres meses desde que entre en vigor la norma, todos los alcaldes deberán publicar el “coste efectivo” de la prestación de los servicios y el Ejecutivo utilizará esta herramienta para presionar a aquellas administraciones díscolas. Es decir, deberán explicar cuánto cuesta el servicio de retirada de basuras, de alumbrado, de pavimentación o de abastecimiento de agua, entre otros. De esta manera, aseguró Montoro “desaparece la ineficiencia” porque se trata de hacer “procedimientos eficaces para los ciudadanos” que reviertan en una administración “operativa”.

Insistió en que los ciudadanos van a tener la oportunidad de saber cuál es el coste efectivo de un determinado servicio.

Y la amenaza de traspasar sus funciones a las diputaciones continua en el texto legal. “Es un sistema menos contundente que el coste estándar, pero igualmente comprometido con la estabilidad presupuestaria”, reconoció el ministro. El cambio ha provocado que el Ejecutivo haya rebajado el listón de su previsión de ahorro. Si hasta hora calculaba que con la eliminación de duplicidades, la limitación en la retribución de alcaldes, concejales y asesores, y el resto de cambios se economizarían 8.000 millones de euros hasta el 2016, ahora el ahorro se traslada hasta el 2019.

Otra de las novedades de la reforma es que el Gobierno incentivará a los ayuntamientos que propicien su fusión voluntaria para evitar la dispersión administrativa que, a su juicio, en ocasiones es muy costosa.

El texto aprobado mantiene, en definitiva, el espíritu inicial, pero es bastante más comedido, sobre todo si se compara los borradores iniciales en los que el Ejecutivo aspiraba a suprimir un 30% de los concejales. El rechazo de barones autonómicos y alcaldes de todo signo político, incluido el PP, ha frenado considerablemente a Mariano Rajoy. H