El plan que ahora van a poner en marcha la Inspección de Trabajo y la Generalitat Valenciana se plantea como una continuidad (aunque con más medios, según el Ministerio de Empleo) a la labor inspectora realizada en los primeros meses de este año. De hecho, de enero a agosto han aflorado en Castellón 822 empleos sumergidos (102 al mes) , según los datos de la Inspección Provincial de Trabajo. La cifra supone un 19,13% más que durante el mismo periodo del año anterior (690). Y otro dato más: la Inspección detectó fraude laboral en una de cada cuatro empresas investigadas (en el 26,1%), todo un récord en Castellón y que viene a dar la razón a los colectivos que llevan años denunciando la bolsa de economía sumergida en la provincia.

La estadística demuestra que la picaresca para salvar los escollos económicos sigue siendo una técnica bastante recurrente para muchos empresarios y trabajadores de Castellón. Hasta tal punto llega la desesperación que muchos aceptan trabajos que no cumplen con las exigencias legales o que no les aseguran el alta en la Seguridad Social. Y en este sentido, la Inspección de Trabajo juega un papel clave en el destape de este tipo de fraudes. Si en el año 2011 se contabilizaron infracciones por el valor de 5,2 millones de euros, en el 2012 la cifra creció hasta rozar los casi 8 millones de euros. Y la tendencia sigue claramente al alza.

Más de la mitad de las actividades sancionadoras se deben a fraudes contra la Seguridad Social, como altas ficticias, compatibilizaciones indebidas de prestaciones con el trabajo por cuenta propia o ajena o incrementos injustificados de las bases de cotización. También por la contratación ilegal de ciudadanos extranjeros. H