Me siento estafado, engañado y, sobre todo, muy decepcionado con el Gobierno. Esto es una estafa como la de las preferentes, pero la diferencia es que el mal en este caso no lo ha cometido una empresa privada sino el Estado”. Las palabras las pronuncia Vicente F. (pide que no se publique su apellido), un funcionario de Castellón que hace diez años, alentado por la propia Administración, decidió invertir parte de su patrimonio en placas solares. Hoy está al borde de la ruina. No es el único. Como él hay otras 60.000 familias en España, según la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), de las que cerca de un millar están en la provincia.

Vicente creyó que invertir en una minihuerta solar de 100 kilovatios en el interior de la provincia, que en su día podía costar 600.000 euros, era un buen complemento a su trabajo como funcionario, y él y su mujer se garantizaban una buena jubilación. Tenían algo de dinero ahorrado y, como el plazo fijo daba poca rentabilidad, las placas solares eran una buena opción y encima estaban avaladas por el Gobierno. El sol puede ser suyo, rezaba una promoción del Ministerio de Industria del 2005, en la que se garantizaba una rentabilidad de hasta un 14%, líneas de crédito oficiales y el primer año de carencia, entre otras ventajas de invertir en energía verde. El Gobierno, entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, animó a la inversión en fotovoltaica divulgando sus múltiples usos. Una intensa campaña de promoción con el sello del Ministerio de Industria informaba de la capacidad de las energías limpias para reducir las emisiones de CO2.

Pero de aquello han pasado ya casi ocho años y los productores fotovoltaicos como Vicente, que han invertido de media unos 70.000 euros de su patrimonio personal, han visto como en los últimos años las ayudas se han ido reduciendo. Los primeros recortes llegaron en el 2010 y, de momento, culminan con el decreto de renovables aprobado por Industria hace una semana. “En total, y recorte tras recorte, las ayudas han caído en un 35%”, aseguran en todas las empresas del sector de Castellón consultadas. “El calvario viene de lejos, ya que a los pocos años de estar financiadas, instaladas y operativas las plantas, se inició un interminable rosario de decretos retroactivos que han mermado de manera alarmante las rentabilidades pactadas y que impiden afrontar los compromisos de pago soportados por los productores, que siguiendo las sugerencias financieras del Ministerio, se endeudaron”, aseguran desde Anpier.

A los propietarios, los que han invertido en los 671 huertos solares que hay en Castellón pero también los que los han hecho en otras plantas fuera de la provincia, solo les queda el derecho al pataleo. Eso e intentar salir de esta sin perder mucho dinero. H