La caza intensiva de apartamentos pirata ha dado sus frutos este verano y en Castellón han aflorado 508 viviendas turísticas, con 2.906 plazas de alojamiento irregular. Los controles efectuados in situ en pisos de alquiler de municipios costeros, así como los rastreos de empresas sin alta que arrendaban a través de internet, sitúan a la provincia castellonense como la segunda con más casos de alegalidad en la Comunitat.

Desde la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), su presidente, Francesc Colomer, precisamente fue una de las primeras medidas de control que activó en su mandato, al principio del verano. El balance del 15 de julio al 15 de septiembre arroja que, en solo dos meses, la Generalitat ha sacado a la luz en la Comuntiat 8.100 plazas de alojamiento sin alta y 1.503 apartamentos y 92 empresas al margen de la ley.

Por provincias, lidera el palmarés Alicante (con 3.895 plazas y 754 inmuebles), mientras que en Valencia apenas se ha detectado, con 241 viviendas y 1.299 plazas, la mitad de los resultados del alojamiento irregular que se ha encontrado en Castellón.

COMPETENCIA Y FRAUDE // La lacra que supone esta competencia desleal para el sector turístico es una de las prioridades del también secretario autonómico de Turismo, quien ayer al hacer balance de la campaña turística y la previsión positiva de cierre del año, volvió a incidir en que entre los proyectos para el 2016 estará “un plan contra la competencia desleal y el fraude en relación a hoteles y apartamentos ilegales”.

Desde la AVT añadieron que, en el caso de Castellón, los inspectores de Turismo, en colaboración con agentes de la Policía Autonómica, han efectuado un total de 420 inspecciones a pisos de alquiler --y han aflorado incluso más, 508, sumando internet y la ronda de controles--. En concreto, los exámenes sorpresa se han llevado a cabo, según la Administración autonómica, “en bloques de Peñíscola, Vinaròs, Benicarló, Alcossebre y Orpesa”.

Además, añadieron que en toda la Comunitat no se ha impuesto ningún expediente sancionador, aunque sí se han cursado actas de subsanación, que dan un margen de tiempo para que el propietario o empresa legalice su situación. En Castellón aún quedan pendientes cinco casos abiertos, que se encuentran en proceso de regularización administrativa. H