Desde su adhesión en 1986, España ha recibido de la Unión Europea (UE) más de 160.000 millones de euros de los fondos estructurales regionales para facilitar la convergencia hacia el nivel de renta europeo y corregir las carencias en infraestructuras y en el ámbito socioeconómico y medioambiental. La inyección de fondos ascendió de media anual a 2.400 millones de 1989 a 1993, a 5.900 millones de 1994-1999 y a 8.900 millones del 2000 al 2006, según el análisis de Santiago Álvarez García y de Juan José Rubio Guerrero de las universidades de Oviedo y de Castilla-La Mancha. Pese al recorte que se produjo a partir del 2007, los fondos aún supusieron una inyección europea a las regiones españolas de 5.000 millones de media anual del 2007 al 2013. En actual paquete presupuestario 2014-2020, España podría recibir otros 5.000 millones anuales de media si el Gobierno y las autonomías aprovechan las partidas previstas. Este Plan Marshall europeo contribuyó decisivamente al crecimiento de España. El producto interior bruto (PIB) per cápita pasó de equivaler al 69% de la media de la UE en 1985 (antes de su adhesión) al 103% de la media de la UE en el 2007, antes de la crisis financiera. Ahora se sitúa en el 90% de la media europea a causa de la crisis y de las dos recesiones que siguieron, según Eurostat (2015).
Reducción a partir del 2007
Gracias a los fondos europeos, el PIB español fue cada año más alto de lo que hubiera sido sin esas ayudas en una media del 1,75% (1989-1993), del 3,3% (1994-1999) y del 3% (2000-2006), indica el estudio del profesor de Economía Aplicada Gervasio Cordero, de la Complutense. La reducción de los fondos a partir del 2007 ha contribuido a agravar la crisis.
Las ayudas regionales europeas se han concentrado en las autonomías más pobres (renta per cápita inferior al 75% de la media europea), que eran Andalucía, Extremadura, Murcia, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Canarias y Ceuta y Melilla. Las otras comunidades podían beneficiarse de las ayudas para planes de reconversión regional, de integración social e inserción laboral, del fondo de cohesión y de la cooperación interregional y transfronteriza.
Las comunidades más pobres han recibido más de la mitad de los fondos estructurales, siendo Andalucía, la más poblada de ese grupo, la principal receptora, con el 21,4% del total de los fondos del 1986 al 1999 y el 25,6% del 2000 al 2006, según el informe de José Luis González Vallvé, antiguo responsable de fondos regionales en Bruselas. Las otras mayores receptoras de 1986 al 2006 fueron Galicia (11% del total), Castilla y León (10%) y la Comunitat Valenciana (10%). En el otro grupo de comunidades, Cataluña fue la que captó más ayudas: el 7,8% de los fondos de 1986 a 1993 y el 7% del 2000 al 2006.
Debido al desarrollo económico y a la rebaja del umbral de región pobre a causa de la adhesión de los países del Este (efecto estadístico), la mayor parte de comunidades españolas han salido de esa categoría, excepto Extremadura. Las que aún se benefician de un régimen transitorio de salida durante el periodo 2014-2020 son Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla.
El caso de Aragón es sangrante, puesto que su desequilibrio interno fue precisamente el obstáculo que le impidió alcanzar unos fondos creados para resolver esos desequilibrios internos. Es decir, quedó excluida del Objetivo 1 de fondos al considerar que la alta renta per cápita de los aragoneses, así como el motor industrial y económico que suponía la ciudad de Zaragoza, la situaban entonces en las zonas ricas de Europa.
Los expertos que redactaron estos fondos, no obstante, llegaron a incluir el fenómeno particular de Aragón en su preámbulo de la ley europea. Admitían que Aragón era un desierto demográfico pero que quedaba compensado por ese alto nivel de renta. Por tanto, perdió muchos millones compensados, tan solo en un 5% de lo que podría haber recibido, así como una pequeña parte para el carbón.
