El escándalo en el que ayer se vio envuelto el fútbol español no solo salpicó a la Real Federación Española de Fútbol, ya que varias fueron las federaciones territoriales las que también se pusieron en el punto de mira de la investigación. No en vano, el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitad Valenciana (FFCV), Vicente Muñoz, acudió a declarar a la comandancia de la Guardia Civil de Patraix, en Valencia, en calidad de investigado dentro de la operación Soule en la que fue detenido el máximo dirigente de la RFEF, Ángel María Villar.

Muñoz accedió con su vehículo particular a las dependencia de la comandancia de la Guardia Civil ubicada en el citado barrio valenciano de Patraix, en València, sobre las 19.10 horas de ayer.

Fuentes federativas cercanas al caso informaron que la declaración de Vicente Muñoz podría estar relacionada con los vínculos de su empresa particular, una agencia de viajes, con la RFEF.

Durante la matinal de ayer, los agentes de la Guardia Civil estuvieron en la sede de la Federación Valenciana y se centraron en recabar documentos e información de diversa índole, que se le facilitó «sin ningún problema», como explicaron las mismas fuentes.

¿administración desleal? / Al parecer, Vicente Muñoz habría sido imputado por el presunto delito de administración desleal, por lo que tuvo que acudir a declarar. Fue la UCO de la Guardia Civil la que realizó el registro tanto la sede de la FFCV como las oficinas de la agencia de viajes de la que es propietario el mismo.

Precisamente el vínculo que presuntamente se investiga es la relación entre la agencia de viajes del mandatario del fútbol valenciano con el máximo organismo del fútbol español (RFEF).

Vicente Muñoz es propietario de una agencia de viajes en la que se busca de información que pudiera estar relacionada con la supuesta trama corrupta.

El presidente de la FFCV ocupa dicho cargo desde el año 1986. Un dirigente al que le unen muchos vínculos con su homólogo de la española, Ángel María Villar, al que ayer la Guardia Civil detuvo junto a su hijo Gorka Villar en el marco de la llamada operación Soule, una acción ordenada por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental y posible alzamiento de bienes.