Más de 11.000 ciudadanos extranjeros han obtenido la nacionalidad española desde el 2007 en la provincia de Castellón. Así lo refleja un balance del Observatorio Permanente de la Inmigración, que muestra cómo ha evolucionado el ritmo de obtención del ansiado DNI español desde que comenzó la crisis.
Y es que en el 2007, justo antes de que comenzara la recesión, solo 461 personas habían logrado la nacionalidad. A partir de entonces se dio una progresión al alza que alcanzó su máximo en el 2013, cuando un total de 2.288 extranjeros lograron superar el trámite. A partir de entonces comenzó a disminuir la progresión hasta el punto de que el año pasado fueron 907.
En ello han influido varios factores, como la crisis, las medidas adoptadas por el Gobierno y el propio fenómeno migratorio. Hay que recordar que, en el 2012, el Gobierno activó un plan de choque para poder dar salida al tapón de expedientes que se venían acumulando (medio millón en toda España). Así, según los expertos, el aumento hasta el 2015 parece estar compensando la evolución natural de concesiones de nacionalidad que habrían debido realizarse en años precedentes.
CAMBIOS EN EL SISTEMA
Además, en el 2015, el Ejecutivo central introdujo cambios en el sistema para la obtención del certificado, de forma que el aspirante debía superar dos pruebas, el test que acredita los conocimientos constitucionales y la realidad sociocultural del país, y una prueba de conocimientos de español. Antes era el juez quien hacía estas preguntas, si bien no estaban sistematizadas; ahora se han de superar unas pruebas que elabora el Instituto Cervantes.
Dos años después, colectivos contrarios a la medida aseguran que antes se tardaba dos años de trámites, desde la remisión del expediente instruido por los registros civiles; su coste directo para los solicitantes era de cero euros y podían acudir al registro civil para informarse sobre los requisitos para adquirir la nacionalidad y para presentar sus solicitudes, sin coste. Ahora, por contra, los inmigrantes tienen que pagar 101 euros por tasa y 200 euros para examinarse, a lo que hay que sumar el pago a un abogado, procurador o gestor (no inferior a 300 €) para poder presentarla, y que el Ministerio todavía tarda más que antes en resolverla, ya que, además tiene un colapso por todos los recursos ante la denegación de solicitudes.
Sea como fuere, las cifras del Ministerio también son el reflejo de que la mayoría de los extranjeros que tiene su residencia en Castellón llevan ya tiempo asentados aquí y con vocación de permanencia, según los expertos.
De las solicitudes concedidas el año pasado en la provincia, más del 40% (373) fueron a personas que llevaban más de 10 años en España. Marroquís (50,61%), colombianos (9,04%) y rumanos (5,95%) fueron las tres principales nacionalidades. A pesar de que los motivos por los que se quiere obtener la nacionalidad son muy personales, la mayoría contempla las ventajas: evitar problemas administrativos, ver reconocidos derechos políticos o poder residir y trabajar en otros estados de la Unión Europea.
