Las diputaciones y cabildos españoles reivindicaron este miércoles desde Castellón que el Estado tome medidas para que las administraciones locales, cuyo papel en la lucha contra la despoblación destacan, puedan invertir el dinero de sus superávit sin limitaciones del techo de gasto, al menos en el caso de las que «gestionan bien».

Es una de las cuestiones abordadas en la cumbre mantenida en el palacio de las Aulas de la capital por la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que, según informaron el presidente de este organismo y de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes; y su homólogo en la de Castellón, Javier Moliner, se destacó también la importancia de estas administraciones intermedias en el apoyo de los municipios para hacer que «cualquier ciudadano, viva donde viva, pueda tener igualdad de oportunidades».

Francisco Reyes señaló que, si bien no ha habido respuesta oficial hasta ahora del Gobierno de España a la petición de permiso legal para reinvertir los excedentes económicos, puede haber alguna posibilidad para encajar la reforma normativa en la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2018 --que, por ahora, están prorrogados--.

Reyes resaltó que se trata de 20.000 millones de euros en toda España, una cantidad que supondría «una inyección muy importante para la economía», así como para «crear empleo».

En el caso de la Diputación de Castellón, aprobó ya en enero con los votos a favor de todos los grupos, a excepción de Ciudadanos, una moción por la que se instó al Gobierno central a permitir que las entidades locales invirtieran su superávit, sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe, a través de una autorización legal, como informó en su momento Mediterráneo.

La institución castellonense, que ha rebajado sensiblemente su deuda financiera en los últimos años, ha utilizado, por ejemplo, en el primer tramo de este año 38 millones de euros para adelantárselos a los municipios con el fin de que puedan hacer frente a los pagos a proveedores.

Esta política se aplica, fundamentalmente, en el primer trimestre, cuando los ayuntamientos aún no han ingresado los distintos impuestos locales.

BATERÍA DE DEMANDAS // En todo caso, la batería de demandas que plantea la comisión de diputaciones y cabildos no se limitó a la de liberar el superávit, sino que su presidente fijó como otras reivindicaciones que vuelvan los recursos del Estado a los planes provinciales; la incorporación de las administraciones locales al debate sobre financiación autonómica, y que la tasa de reposición de las bajas de empleo público, que ha perdido durante los años de crisis al 15% de su personal, vuelva al 100% como mínimo, y supere esa proporción en el supuesto de las policías locales, que han sufrido un mayor descenso.

Francisco Reyes puso de manifiesto, por otra parte, la importancia de encuentros de trabajo como el celebrado ayer para «intercambiar experiencias». «Las podemos compartir, e incluso copiar, para mejorar los servicios que prestamos a los ayuntamientos para mejorar la igualdad de oportunidad de los ciudadanos», indicó.