Como se anticipaba Maria Butina, una ciudadana rusa de 30 años, se ha declarado este jueves culpable en un tribunal del Washington de un cargo de conspiración para influir en la política de Estados Unidos. La declaración forma parte de un acuerdo que Butina ha alcanzado con investigadores federales por el que ha admitido haber estado involucrada en un esfuerzo organizado y apoyado por cargos rusos para establecer líneas oficiosas de comunicación con personas destacadas e influyentes en grupos como la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), el Partido Republicano y organizaciones evangélicas, claves en el mundo conservador de EEUU.

Butina ha acordado cooperar dando información sobre su novio, Paul Erickson, que es un veterano operativo del Partido Republicano que le ayudó a establecer contactos en Washington, y sobre Alexander Torshin, exsenador ruso y vicegobernador del banco central ruso está sancionado por EEUU. Según documentos judiciales, empezando en 2015 Butina “acordó y conspiró” con ambos infiltrar el Partido Republicano y la NRA y promover políticas amistosas hacia Rusia en nombre del Kremlin. Los documentos aseguran que Torshin dirigió su trabajo y Erickson le ayudó con lo que ella bautizó como “Proyecto Diplomacia”.

Escrutinio a la NRA

El caso de Butina, que se matriculó en la universidad y estaba en EEUU con una visa de estudiante, no está vinculado a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las últimas elecciones presidenciales EEUU y la posible confabulación del equipo y la campaña de Donald Trump con el Kremlin. Sirve, no obstante, para intensificar el escrutinio de esa injerencia y del papel que jugaron organizaciones como la NRA, a cuyas convenciones y reuniones Torshin ha estado acudiendo desde 2011. La NRA dio 30 millones de dólares a la campaña presidencial de Trump, el triple de lo que invirtió en 2012 en la de Mitt Romney, y según una información publicada en enero por McClatchy el FBI investiga si en esas contribuciones entraron de forma ilegal fondos rusos.

Los fiscales en el caso han retirado un segundo cargo referido a la violación de leyes que obligan a registrarse con el Departamento de Justicia a alguien que trabaja para un gobierno extranjero, algo que no está demostrado en el caso de Butina, de la que el Kremlin dice no saber nada. También dieron marcha atrás en un retrato anterior de Butina que aseguraba que usó el sexo para lograr sus objetivos o que no buscaba realmente un título universitario.

La jueza Tanya Chutkan ha determinado que Butina, que fue arrestada en julio, siga en prisión mientras coopera con los investigadores. El 12 de febrero se celebrará una vista para decidir si es sentenciada. Enfrenta un máximo de cinco años de cárcel pero en el acuerdo la fiscalía ha accedido a pedir clemencia si ofrece “ayuda sustancial” y su defensa ha acordado que podría pasar entre cero y seis meses en prisión.