Entre los compromisos anunciados por la Generalitat tras el Seminari Govern-Estiu 2019, celebrado durante este fin de semana en Montanejos, llama especialmente la atención la decisión tomada por el Consell de destinar 10 millones de euros para impulsar planes colectivos de reconversión y reestructuración de las explotaciones agrícolas, en aplicación de la Ley de Estructuras Agrarias. Una acción que supondrá una apuesta por la «modernización e incremento del tamaño» de las parcelas de cultivo, junto con la «adecuación de su producción a las demandas de los mercados y necesidades de los consumidores», según incidieron.

El pacto del Botànic II responde de esta manera a la crisis del sector citrícola valenciano, que tendría como complemento principal la determinación de Ximo Puig de «reforzar los recursos humanos y materiales» para garantizar una «mayor presencia de la Comunitat en la Unión Europea». Su intención es la de «facilitar la incorporación de los sectores valencianos más significativos», entre los que destacó el agrícola, el industrial o el cultural.

Estas son solo dos de las 60 medidas que el Consell se compromete a poner en marcha en el arranque de la legislatura en su política de «evaluación, deliberación y trabajo conjunto», en un «feedback permanente con la ciudadanía», dijo el president.

La provincia de Castellón no solo estuvo presente por ser el escenario elegido para desarrollar este encuentro gubernamental. Desde la Conselleria de Justicia recordaron que ha sido aquí donde se ha puesto en marcha el programa piloto para «garantizar la gratuidad de los traslados de las víctimas de violencia de género», que se incluye dentro del primer proyecto de distribución de partidos judiciales, por el que todos los asuntos relacionados con la violencia machista se han concentrado ahora en Vila-real.

DESPOBLACIÓN / Si bien la búsqueda de soluciones para la problemática de la despoblación en las zonas rurales de interior fue uno de los temas centrales a estudio y debate durante estos días, los anuncios se sucedieron en la comparecencia pública que tuvo lugar en el balneario del municipio como cierre de la agenda.

En este arranque del mandato, el Botànic II pretende adquirir entre 40 y 50 nuevas viviendas para destinarlas al alquiler social, con el objetivo de dar cobertura al que será el primer Plan de Emergencias Habitacionales.

Si bien entre los 9 nuevos juzgados que se pretenden crear no hay ninguno para Castellón, desde la Conselleria de Justicia existe el compromiso de mejorar la sostenibilidad de las infraestructuras existentes, con una serie de intervenciones que supondrán «un ahorro del 12%» en consumo energético. También de mejora y modernización versa una de las tareas asumidas por Sanidad: la elaboración del Plan de Modernización de Infraestructuras y Tecnología Sanitarias (2020-2023).

En cuanto al desarrollo económico, el Consell quiere combatir la precariedad laboral con la creación del Observatorio Valenciano del Trabajo Decente. Por su parte, desde el área de Innovación se trabajará sobre un mapa de diagnóstico de las telecomunicaciones en la Comunitat, para facilitar la implantación de la tecnología 5G. Precisamente, la llega de la banda ancha a las zonas rurales fue uno de los propósitos planteados por Ximo Puig para combatir la pérdida de habitantes de los pueblos de interior.

Una «parte nuclear» del acuerdo de gobierno pasa por «profundizar en el diálogo social», como incidió el president. Sobre esta cuestión anunció que antes de finalizar el mes de julio se convocará el pleno del Consell para que «en los próximos 4 meses» pueda desarrollarse la negociación con los órganos representativos de empresas y sindicatos.

Muchos son los objetivos y el tiempo dirá si esta batería de medidas a implantar se llega a desarrollar como está previsto.