Una de las grandes consecuencias de la inestabilidad en España es que es palmario que la financiación de las comunidades depende de lo que pase en otra Administración, la central. Es un agujero del modelo autonómico que habrá que reparar, pero llevará tiempo, dada la dificultad de articular mayorías estables. La última demostración de esta realidad es la repetición de elecciones generales el 10 de noviembre (10-N). Este hecho, que supone prolongar el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, significa a su vez mayores dificultades económicas para el Consell.

En la repetición de elecciones de junio del 2016, Mariano Rajoy fue elegido presidente un 30 de octubre (tras el psicodrama del PSOE). Aquel gobierno no pudo aprobar presupuestos (los peores, por cierto, en años para las inversiones en la C. Valenciana) hasta junio del 2017. Sirva como punto de comparación ante el 10-N y para hacerse a la idea de que no habrá presupuesto del 2020 hasta el verano próximo, como pronto.

Mientras tanto, continuarán vigentes los presupuestos que dejó Cristóbal Montoro (PP) para el 2018 y que funcionan prorrogados. Eran mejores que los del 2017 para la C. Valenciana, pero aún así estaba a la cola en inversiones: se llevaba el 7,3% del total, lejos del 10,6% que representa la población valenciana.

los pagos // La repetición de elecciones generales supone también que el Gobierno continuará en funciones hasta no se sabe cuándo. En esa situación y con presupuestos prorrogados, no puede transferir las entregas de la financiación autonómica. La ministra María Jesús Montero ha dicho que desbloqueará esos pagos antes de fin de año, pero si la situación persiste, la incertidumbre sobre la tesorería aumenta.

el escenario // En ese contexto, en el que la Generalitat no dispone de referencias sobre con qué cantidades puede contar del sistema de financiación para componer las cuentas valencianas del 2020, la Conselleria de Hacienda no descarta ninguna opción, incluida la prórroga de los presupuestos del 2019, algo que sería una novedad histórica. Ese escenario, que hoy se antoja el más factible (parece difícil que los socios del Botànic negocien cuentas en plena precampaña), podría disiparse si el ministerio hace cálculos y comunica a la Generalitat la cifra que percibiría del sistema en el 2020. Lo explicó ayer el conseller Vicent Soler. Sucedió ya en octubre del 2016, con el gobierno en funciones del PP. Y así, sin gobierno estable, las expectativas de una reforma del sistema de financiación quedan aparcadas, a la espera de un ejecutivo sólido y unas mayorías que propicien el cambio de un modelo caducado desde el 2014, el gran tema de la agenda valenciana.

En clave política, esta repetición electoral tiene una diferencia fundamental para el Botànic con respecto a la de 2016. En Madrid gobierna el PSOE y no el PP. En 2016 los socios podían compartir el discurso frente al ejecutivo de Rajoy. Ahora, no. Ayer ya se vio en Les Corts y en las declaraciones de los grandes líderes del Consell. El escenario es una pasarela perfecta para la tensión interna entre los socios.