En la calle el fenómeno se llama trabajar en negro. Una realidad que, además de afectar seriamente a las arcas del Estado, fomenta la competencia desleal y dificulta el día a día de quienes tienen un empleo y no cotizan a la Seguridad Social. O trabajan ocho horas diarias y solo declaran cuatro. Lo llamativo es que pese a que la recuperación es un hecho, la economía sumergida sigue siendo una realidad en el mercado laboral y cientos de profesionales de Castellón siguen trabajando en B.

Los resultados de la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al cuarto trimestre del 2017, no dejan lugar para las dudas. Castellón, según esos datos, cerró el año con 234.100 ocupados. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, la estadística del Ministerio de Empleo al cierre del ejercicio solo refleja 222.721 cotizantes, es decir, 11.379 menos. O dicho de una manera más gráfica: el 5% de los empleados de la provincia no figuran en las altas de la Seguridad Social. Porcentaje que resulta incluso superior al del inicio de la crisis económica y tiene que ver, según los sindicatos, con el elevado número de trabajadores con contratos eventuales y a tiempo parcial.

Si en Castellón la estadística apunta a que más de más de 11.000 personas siguen trabajando en negro, los datos de la Comunitat Valenciana todavía son más reveladores. De hecho, calculan que unas 250.000 personas están empleadas sin cotizar, la mayoría en la provincia de Alicante, y todo eso pese a que durante los últimos años las campañas por parte de la Inspección de Trabajo se han intensificado.

Quienes también han puesto números al fenómeno de la economía sumergida son los técnicos de Hacienda. Los datos que maneja el sindicato Gestha revelan que en el dinero negro supone en Castellón el 26,7% del Producto Interior Bruto (PIB). En el conjunto de la Comunitat equivale al 27%, un dato que sitúa a la valenciana como la cuarta autonomía en porcentaje de economía sumergida, y dos puntos por encima de la media. Solo Extremadura, Andalucía y Canarias están por delante de la Comunitat.

Unos 11.000 trabajadores de la provincia siguen sin estar datos de alta en la Seguridad Social pese a que tienen un empleo (generalmente por horas) y en los últimos años la Inspección ha redoblado los esfuerzos para acabar con tanta ilegalidad. Solo durante los 11 primeros meses del 2017, los inspectores han aflorado 720 puestos de trabajo irregulares en la provincia. En concreto, se ha producido un aumento del 11,25% en el ámbito del empleo emergido, que incluye las altas de oficio e inducidas a la Seguridad Social, así como los perceptores de prestaciones por desempleo y el trabajo de los extranjeros en situación irregular. En total el empleo que ha brotado en la Comunitat Valenciana ha ascendido a 11.293, y más de la mitad han sido en Alicante.

MÁS INSPECCIONES ESTE AÑO

La labor inspectora va a más y este año la tónica será la misma. La Inspección ha anunciado que este 2018 tiene previsto realizar un total de 7.867 actuaciones en la provincia de Castellón. Para poner freno al alza de la economía irregular, la Inspección de Trabajo realizará en el conjunto de la Comunitat 3.900 acciones en el sector de la hostelería, 2.370 en el comercio, 2.200 en los servicios, 1.560 en la construcción, 750 en la agricultura (con especial incidencia en Castellón y Valencia), 250 en el sector del transporte, 110 en el de empleados de hogar y 1.150 en la industria. En el caso de Castellón insistirán también en las actividades que genera la industria cerámica.