El impacto de la pobreza energética en la provincia de Castellón está muy por encima del resto de la Comunitat, según se da por sentado en el informe elaborado por el Síndic de Greuges sobre la situación de la vivienda de promoción pública en la Comunitat, en el que se señala que este problema afecta ya al 12% de los hogares, en especial a los situados en el interior de la provincia.
El estudio revela que hay tres razones que están detrás de esta pobreza energética, que se refiere a la incapacidad que tienen los hogares para afrontar sus necesidades domésticas básicas o que se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar las facturas. Por un lado, porque «son pobres». El 4,1% de los hogares en la provincia lo son, según el Síndic. Por otro lado, porque los inquilinos están en una vivienda con un tamaño o tipo inadecuado. También puede ser por la escasa calidad de los materiales del propio inmueble.
En estos casos, la pobreza energética afecta más a los propietarios de las viviendas que a los inquilinos de las casas alquiladas, según este informe, que pone remedios para revertir la anómala situación que tienen los inmuebles de titularidad pública en la provincia, con una demanda muy por encima de la oferta.
Rehabilitación
La primera de las medidas que proponen los autores del estudio señala la necesidad de rehabilitar el parque de vivienda pública existente. Además, ven preciso desatascar los pisos que han quedado inmovilizados por cuestiones legales y financieras durante la crisis.
Alquiler social
El alto comisionado de Les Corts ofrece una segunda vía para incrementar la oferta de viviendas para los hogares más desfavorecidos, centrada en buscar acuerdos con los propietarios privados para la cesión de sus viviendas para alquiler social, una solución muy asentada en países como Alemania. La idea es promover «un mercado privado para el alquiler público», a un precio por debajo del mercado y la asignación de los hogares necesitados por parte de la Administración, que puede ser Generalitat, ayuntamientos, diputación...
Construcción de pisos
La creación de nuevos inmuebles es otra de las propuestas, aunque en un entorno de contracción presupuestaria no parece la vía adecuada, según reconoce el informe del Síndic, que prefiere operar más en dar salida al actual estoc de viviendas en la provincia.
Facilidades en financiación
Los autores del documento explican que, para ampliar la oferta de viviendas públicas, hay que adaptar las fórmulas de financiación a las nuevas condiciones que se dan en el mercado financiero, que nada tienen que ver con las circunstancias que imperaban antes y durante la crisis económica.
Apoyo a la iniciativa privada
La quinta vía, que no ha sido explotada en el mercado español todavía, es la participación de la iniciativa privada en la construcción y la gestión de la vivienda pública.
Impacto en el empleo
El exhaustivo análisis se detiene, además, en las ventajas que acompañarían a este tipo de iniciativas de promoción de las viviendas públicas, como es elevar las tasas de empleo y la activación económica en entornos en clara desventaja social con respecto al resto.
Ley de la Función Social
El número dos de la Sindicatura de Greuges y coordinador del informe, Ángel Luna, incidió ayer que el parque de vivienda pública es «insuficiente» para atender la demanda de los colectivos más desfavorecidos, por lo que reclamó la aplicación «inmediata» del auto del Tribunal Constitucional (TC) que levanta la suspensión de la aplicación de varios artículos de la Ley por la Función Social de la Vivienda impulsada por la Generalitat.
Más presupuesto a vivienda
El estudio se detiene especialmente en una serie de recomendaciones dirigidas a la Conselleria de Vivienda, entre ellas la necesidad de incrementar el parque de vivienda pública en alquiler, y mayores dotaciones presupuestarias que hagan efectivo el derecho a una vivienda «asequible, digna y adecuada» en la Comunitat Valenciana.
Más y mejores estudios
Elaborar estudios con datos «fiables y exactos» sobre la oferta y demanda actual de pisos públicos o estrechar la relación entre la vivienda y las políticas sociales componen algunos de los ejes que el Síndic señala como determinantes para resolver la demanda de inmuebles o los índices de pobreza que se dan en este contexto.
