Un total de 13 de los 22 acusados que se sientan en el banquillo por los amaños e irregularidades cometidas por la trama de corrupción conocida como Gürtel por la visita del Papa a València en el 2006 han admitido ante el tribunal los delitos que se les imputan después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para rebajar su condena. Entre ellos se encuentra Álvaro Pérez, 'El Bigotes', responsable de la rama valenciana de Gürtel, ya en prisión por otras causas del caso, y el que entonces era director de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) -la extinta Canal 9-, Pedro García Gimeno, para los que se pedían 37 y 40 años de cárcel respectivamente.
Durante la vista, que comenzó este lunes y se prolongará previsiblemente hasta el 4 de junio, se juzgarán los 7 millones de euros que se gastaron en el alquiler de pantallas, mantenimiento y megafonía de los actos de Benedicto XVI y que fueron asumido por el ente público RTVV, que se lo adjudicó a Teconsa, una de las empresas de la trama corrupta. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de haberse repartido un total de 3,3 millones de euros.
Los cabecillas de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, no se encuentran entre los que han pactado con Anticorrupción, ni tampoco el expresidente de las Corts Valencianes y exdirector general de la Policía Juan Cotino. Durante el trámite de cuestiones previas, la defensa de Correa -que en este juicio ejerce Miguel Durán, porque Juan Carlos Navarro representa en esta causa a Cotino- argumentó que no puede haber conformidades si no son alcanzadas entre todos los acusados.
Rebajas sustanciales
Sin embargo, los acusados que han pactado fueron manifestándolo a través de sus abogados durante las cuestiones previas: no oponiéndose a las pruebas planteadas por las fiscalas Anticorrupción Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, y renunciando a las que habían propuesto en un principio para su defensa. Muchos iban concretando, además, la cantidad que ya han satisfecho en concepto de responsabilidad civil.
Además de Álvaro Pérez, también ha llegado a acuerdo el cerebro fiscal de la trama, Ramón Blanco Balín o Pedro García Gimeno. En el caso del primero el acuerdo supondrá pasar de una petición de 37 años de cárcel a menos de dos años y lo mismo para el resto de los que alcancen, excepto para García Gimeno. Se pedían para él 40 años de prisión y su pena será finalmente algo superior a los dos años, lo que sí le supondría el ingreso en la cárcel, informa Europa Press.
Anticorrupción acusa a los procesados de delitos de asociación ilícita, prevaricación, malversación, fraude, falsedad, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho.
Entre el centenar de testigos que declararán estarán el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y miembros de la comunidad eclesiástica.
