Un total de 17 municipios de Castellón en los que viven más de 380.000 personas --dos tercios de la población de la provincia-- se movilizarán el próximo martes en defensa de la citricultura y para exigir la aplicación de la cláusula de salvaguarda del tratado de libre comercio con los países del Africa Meridional, entre ellos Sudáfrica. Lo harán convocados por una Plataforma per la Dignitat del Llaurador que no descarta más adhesiones para un acto de protesta «sin precedentes» y que pretende situar los problemas del sector en la agenda política.
A las 14 localidades que ya forman parte de la entidad convocante (Castellón, Vila-real, Burriana, Almassora, Nules, la Vilavella, la Vall, les Alqueries, Onda, Moncofa, Betxí, Almenara, Xilxes y la Llosa) se han sumado en las últimas horas Vinaròs, Torreblanca y Artana, así como Benifairó de la Valldigna (Valencia). A ellos hay que sumar la Unió de Llauradors, Fepac-Asaja, Intercoop, la Associació Local de Llauradors de Nules, el Sindicat Central d’Aigües del Riu Millars, la Asociación Provincial de Pozos de Riego y la Universitat Jaume I.
SIN PRECEDENTES
El portavoz de la plataforma, César Estañol, hizo un llamamiento a la sociedad civil a sumarse a un acto de protesta unitaria «sin precedentes en la citricultura de la provincia» y que consistirá en una concentración en cada ayuntamiento a las 19.00 horas, la lectura de un manifiesto y un minuto de silencio al que seguirá una sonora cacerolada. Con ello, pretenden llamar la atención del Ministerio de Agricultura, que es la administración con competencias para pedir la aplicación de la cláusula de salvaguarda.
Los grandes ayuntamientos de la provincia respaldan las reivindicaciones de la movilización. Los tres partidos que apoyan al gobierno municipal de la capital presentaron ayer una declaración institucional en la que piden al Gobierno central y al resto de administraciones «liderar un proceso de renegociación con los países del África Meridional sobre las importaciones de cítricos».
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, defendió al sector por el número de personas que emplea en la provincia (unas 25.000) mientras el edil de Agricultura de Burriana, Vicent Granel, criticó el «ahogo» de los productores por las importaciones del hemisferio sur. La alcaldesa de Almassora, Merche Galí, llamó a defender «la dignidad del agricultor».
