La discriminación aún pervive en el ámbito laboral. Aunque en los últimos años se ha avanzado, son muchos los indicadores que prueban que queda camino por recorrer. Uno de ellos es la tasa de paro femenina, que en Castellón se sitúa en el 18,5%, y supera en algo más de siete puntos a la masculina (10,9%). Otro es la brecha salarial: ellas cobran, de media, 6.287 euros brutos al año menos que sus colegas masculinos. Y aunque todas las empresas están obligadas por ley a respetar la igualdad y evitar la discriminación por razón de sexo, la elaboración e implantación de un plan de igualdad es una de las herramientas para abordar la brecha salarial. El problema es que su implantación ha sido más bien tímida, pero a partir de ahora las cosas van a empezar a cambiar. Y lo van a hacer desde ya. En menos de quince días todas las empresas de más de 150 trabajadores están obligadas a desarrollar un plan de igualdad y las que no lo haga se exponen a una infracción muy grave sancionada con multas de entre 6.251 y 187.515 euros.

Hasta ahora, eran las compañías y administraciones públicas con más de 250 trabajadores los que estaban obligadas a desarrollar e implementar planes de igualdad, una medida que en Castellón afecta a 80 compañías. Así lo dictaminó la aprobación en el 2007 de la Ley de Igualdad por parte del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El nuevo decreto que vio la luz el 7 de marzo del 2019 (un día antes de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora), amplió este deber a todas las empresas con más de 50 asalariados, aunque se estableció un periodo transitorio para su total cumplimiento de tres años.

Así, el próximo 7 de marzo, la obligatoriedad se extiende a todas las empresas, fundaciones y administraciones con plantillas que superan los 151 trabajadores, con lo que la medida será ineludible para un total de 174 compañías de Castellón, algo más del doble que hasta ahora, según datos facilitados por el Gobierno. Todas ellas deberán tener sí o sí un plan que fije los objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

Pero es que, además, el número de firmas con planes de equidad se multiplicará en los próximos dos años, hasta alcanzar las 350, al reducirse el rango preceptivo a las empresas con más de 101 y de 50 trabajadores a partir del 2021 y 2022, respectivamente. En estos últimos dos tamaños se encuadran unas 170 empresas domiciliadas en Castellón, según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE). ¿Conclusión? En dos años, 350 compañías de la provincia, el 0,8% de las casi 40.000 que existen en la provincia estarán forzadas a tener un plan que garantice con medidas concretas la no discriminación de la mujer.

UN REGISTRO VOLUNTARIO

Saber cuántas empresas de Castellón ya cuentan con un plan de igualdad es prácticamente una misión imposible. No existe un registro oficial. En la Comunitat, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas es la encargada de resolver el procedimiento para obtener el visado de planes de igualdad, pero insisten en que este no tiene carácter obligatorio. En 2019, tramitó 20 solicitudes en Castellón y se concedieron 10 visados, cifras muy similares a las del 2018. Además, no todas esas compañías tienen más de 250 trabajadores. Las hay mucho más pequeñas y han optado por implementar esos proyectos porque, o bien aumenta su atractivo a la hora de reclutar y retener talento, o porque supone un plus para trabajar con la administración pública.

Pese a que los indicadores todavía son muy pobres, los sindicatos insisten en que la mayoría de las empresas de la Comunitat se han puesto las pilas. «Pero eso no significa, ni mucho menos, que las cosas se están haciendo bien», apunta Cloti Iborra, secretaria de la Dona de CCOO-PV, que apunta que en muchas ocasiones la empresa no los negocia con los representantes de los trabajadores y, para acabar rápido, externaliza todo el proceso. «Además, el diagnóstico previo es vital como también lo es que los profesionales que lo hagan estén debidamente formados y sean capaces de detectar donde están las desigualdades y corregirlas», insiste. Iborra también apunta a que la empresa no puede pretender implantar un plan de igualdad con coste cero. «Hay que destinar recursos para que esta herramienta no se convierta en un postureo».