La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló desveló ayer que 58 de las 221 de las viviendas sociales municipales se encuentran en situación irregular, y que el 70% de estas 58 están de esta forma desde hace más de diez años, estando otras ocho igual durante más de dos décadas. La falta de regularización se arrastra desde hace años y la mayoría de los casos se debe a cuestiones administrativas.
«De los 58 casos, algunos se tratan de contratos de arrendamiento en los que no se ha efectuado la subrogación, otras son ocupaciones irregulares en las que no consta título o los actuales ocupantes no coinciden con el titular de la autorización», afirmó la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, que destacó que estos datos han sido extraídos gracias al trabajo elaborado por el programa de Jornals de Vila en el anterior mandato. «Esta actuación es la que permitido hacer todo el trabajo de inspección de las viviendas y conocer su estado», aseveró.
Según la edila, la ocupación irregular no quiere decir que todas las viviendas hayan sido objeto de usurpación, sino que la mayoría están en una situación de irregularidad administrativa, «teniendo buena parte de la responsabilidad los gobiernos anteriores, especialmente los del PP».
