El número de personas con capacidad de obrar modificada y tuteladas por la Generalitat valenciana ha crecido de forma muy significativa durante los últimos años, una realidad conocida y asumida por los profesionales de las unidades técnicas de tutela autonómicas. Esta es una de las conclusiones a las que llega el defensor del pueblo valenciano en la investigación que ha publicado recientemente sobre la tutela de mayores a cargo de la Generalitat.
De acuerdo con los datos facilitados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en marzo del 2016 se computó un total de 2.920 personas mayores de edad con cargo tutelar asumido por la Generalitat (en el 81,5% de los casos ingresados en residencias) y otras 50 personas con cargo tutelar asumido por el Instituto Valenciano de Atención Socio Sanitaria (IVASS). 260 de estos mayores de edad son tutelados en la provincia de Castellón, a marzo del 2016.
Según el Síndic de Greuges, Castellón es la única provincia que cumple puntualmente con la obligación legal de rendir las cuentas ante el juzgado del patrimonio de estas personas tuteladas.
Para el defensor, una de las razones que podría estar detrás de este repunte de casos es la falta de recursos.
