Si tiene una vivienda o un local comercial en Castellón, Benicàssim, Moncofa o la Vall d’Uixó es más que probable que este año el recibo de la contribución sea algo más bajo. Después de años de subida de impuestos, un total de 19 ayuntamientos de la provincia han pedido al Ministerio de Hacienda que en 2019 revise los valores catastrales. Y la buena noticia es que en 14 de ellos la actualización será a la baja, lo que previsiblemente se traducirá en una rebaja del impuesto de bienes inmuebles (IBI). En cambio, otros cinco municipios revisarán los coeficientes al alza.

Los cambios que llegan con el nuevo año son consecuencia de los coeficientes correctores aprobados por el último Consejo de Ministros del 2018 para los 19 ayuntamientos de la provincia que lo habían solicitado en los últimos meses o que les tocaba hacerlo para ajustar sus ponencias a los precios de mercado. En el conjunto del país, la revisión afecta a 1.177 localidades, y en 728 los valores se actualizarán al alza. La actualización no implica que varíe el tipo del impuesto (que es de carácter municipal y que lo fija cada ayuntamiento), pero sí lo hace la valoración del inmueble, que es la base imponible sobre la que se aplica este tributo.

Pero, ¿qué municipios de la provincia van a actualizar en 2019 sus valores catastrales? ¿qué localidades lo harán al alza y dónde será a la baja? Uno de los municipios donde más se notará será Castellón, ya que el coeficiente corrector que se aplicará este año a las cifras vigentes desde el 2012 será del 0,93. O dicho de otra manera: una vivienda valorada en el 2012 en 100.000 euros pasará ahora a constar en el Catastro en 90.700 euros. Esta será, al menos, la cifra que el ayuntamiento tomará como referencia para calcular la base imponible de impuestos como el IBI o la plusvalía municipal. Además, la del 2019 será la segunda rebaja de los valores, dado que el consistorio de la capital ya solicitó en el 2017 una primera revisión que se materializó durante el año pasado. «El objetivo es adecuar el catastro a la realidad del mercado inmobiliario actual, ya que las ponencias del año 2012 se fundamentaron en una época del crecimiento inmobiliario pero se aplicaron en plena crisis, en plena caída de precios, lo que convirtió el catastro en irreal y disparó el IBI», explican fuentes del Ayuntamiento.

En la Vall d’Uixó, Moncofa y Benicàssim la reducción será del 3% (en las tres el año pasado también hubo revisión a la baja), al igual que sucederá en la mayoría de localidades incluidas en el decreto al datar sus ponencias del periodo 2005-2011, en pleno boom del ladrillo. Es el caso, por ejemplo, de municipios como Alfondeguilla, Benàger, la Salzadella, Llucena, Torreblanca, Traiguera, Vistabella o Sant Jordi.

La mayoría de municipios de la provincia han solicitado una revisión a la baja, pero hay algunas excepciones. Y en Castellón son Chóvar, les Coves de Vinromà, Culla, Tírig y Vilanova d’Alcolea. Esos cinco municipios llevaban años sin actualizar sus coordenadas inmobiliarias (Chóvar, por ejemplo, no lo hacía desde 1998) por lo que la actualización se torna automáticamente en una subida, ya que el precio de la vivienda en la actualidad es muy superior al de hace dos décadas.

EL FILÓN DEL IBI

La inmensa mayoría de los valores catastrales que se revisarán este año son a la baja y ese descenso llega en año electoral y lo hace, además, tras una época de fuertes incrementos, lo que disparó la recaudación municipal en concepto de IBI. Porque en los últimos años la contribución (así se conoce popularmente al IBI) se ha convertido en una máquina de hacer dinero. Y como muestra un botón: en el 2008, los 135 municipios de la provincia ingresaron vía IBI Urbano un total de 114,4 millones de euros. En 2017 la cifra ascendió a 203,5 millones, según la estadística de la Dirección General del Catastro, es decir, un 41% más en nueve años. Y eso que los ingresos parece que empiezan a tocar fondo y el año pasado se redujeron en 21,7 millones.

A los algo más de 203 millones de euros que recaudan los ayuntamientos gracias al IBI urbano hay que sumar otros 12,7 en concepto de bienes de características especiales (parques eólicos, embalses.. ) y 4,3 millones gracias al IBI rústico. En total, más de 220 millones solo en un año.