La apertura de las desaladoras de Orpesa y Moncofa podría ser una realidad en las próximas semanas. Es la previsión que manejan los municipios que se verán beneficiados por estas infraestructuras, después de que Acuamed haya atendido la mayor parte de las peticiones que le llegaron por parte de los ayuntamientos, referidas sobre todo a una adaptación de los consumos y a dar más plazo para la devolución de las cuotas de construcción.

Los acontecimientos se han acelerado esta semana, después de que los consistorios hayan recibido una notificación por parte de la sociedad estatal en la que se les notificaba la aceptación de sus propuestas, que remitieron el pasado mes de diciembre.

La única excepción es una cláusula que pedía que si en el futuro otros municipios se incorporaban a la red de las desaladoras, y en ese momento las tarifas son más baratas que las que asumirán ahora los ayuntamientos de Orpesa, Benicàssim y Cabanes y Moncofa y Xilxes, estos pagarían también esa cuota. Desde Patrimonio del Estado se les ha trasladado a todos que es una condición «imposible» de asumir.

trámite // Un rechazo que, tal y como manifiestan desde los ayuntamientos afectados, no supondrá ningún impedimento para llegar a un acuerdo. Claro que, primero, deberán pelearse en el ámbito municipal, ya que la aprobación del convenio se tiene que discutir en los plenos.

De momento, los equipos de gobierno ya han contemplado lo que supone a nivel económico la puesta en marcha de las desaladoras. «En el presupuesto de este año ya hemos contemplado una cantidad que está reservada para cuando arranque la planta», manifiesta la alcaldesa popular de Benicàssim, Susana Marqués.

Desde Orpesa el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, explica que Acuamed reflejará en el acuerdo una cantidad de cinco hectómetros cúbicos «para cubrir el suministro de la parte sur de la localidad, sobre todo en los meses de verano en los que incrementamos la población». El alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, indicó que las condiciones parecen ventajosas y que tiene previsto reunirse con su homónimo de Xilxes para abordar el tema.

Y es que hay que recordar que el Gobierno central tiene en contra el factor tiempo, ya que la Unión Europea dio como plazo máximo de tiempo hasta marzo para activar las desaladoras. De lo contrario, el Ejecutivo tendría que devolver los 35 millones de euros que recibió en su día como ayuda para su construcción.

La principal reivindicación de las localidades que se nutrirán de las desaladoras era la de adaptar los consumos, ya que cuando fue concebido el proyecto, en 2006, contemplaba desarrollos urbanísticos que no se han completado, por lo que eran más altos.