Fue sobre el mes de junio del año pasado cuando, tras meses de especulaciones, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunciaba que no se renovaría la concesión de la AP-7 y que circular por esta carretera no tendría coste para los conductores. Sin embargo, el Ejecutivo ha dejado pasar ni más ni menos que 17 meses para licitar el servicio de mantenimiento de esta carretera, lo que significa que cuando empiece la gratuidad de la autopista, el 1 de enero del 2020, será aún una incógnita sobre qué empresa recaerá esta responsabilidad.
Las condiciones de licitación marcan que no será al menos hasta febrero cuando se adjudique dicho contrato, valorado en 15,49 millones en el tramo de Castellón. Será el día 6 de ese mes cuando se abran los sobres con las ofertas de las empresas y se proceda a adjudicarlo. Eso, claro, sin contar con que no haya ningún inconveniente en la presentación de propuestas económicas, una impugnación o que, directamente, no haya interés por parte de ninguna constructora.
Y eso pese a que desde el Ministerio de Fomento se ha declarado este concurso público como «acelerado», por lo que el proceso será más corto de lo habitual.
FÓRMULAS
FÓRMULAS Fuentes del Ministerio de Fomento explican al respecto que en este caso, «la legislación vigente establece fórmulas para asegurar la conservación y explotación de la vía», aunque no detallan cuáles son. Podría darse el mismo caso, por tanto, que en la AP-1. Su tramo entre Burgos y el límite provincial con Álava fue liberalizado en diciembre del año pasado. En este caso, Fomento tampoco había previsto esta circunstancia, por lo que la empresa Itinere, gestora durante décadas de la carretera, se quedó con el mantenimiento de la misma pese a que se le había acabado la concesión.
En principio, se arbitró como solución de urgencia para un periodo de tres meses, pero no fue hasta el pasado mes de octubre cuando el Ministerio adjudicó el mantenimiento a Ferroser. Es una opción que no es descartable que se imponga en el caso de la AP-7, por lo que sería Aumar, actual concesionaria del tramo entre Tarragona y Alicante, la que se encargaría de estos trabajos hasta resolver el contrato.
MÁS RETRASOS
MÁS RETRASOS Existe otro flanco sin cubrir por parte de Fomento: la falta del estudio sobre el tráfico que soportará la vía una vez se liberalice. Es importante porque en base a estos datos, tal y como se aseguró hace meses desde el Ministerio, se podía calcular cuál sería el gasto en mantenimiento. Sin embargo, a día de hoy, no hay ninguna conclusión.
De hecho, estará adjudicado antes el contrato de conservación que finalizado el estudio. Éste se licitó el 28 de septiembre y la apertura de sobres está prevista para el 2 de diciembre. Tras la adjudicación hay un plazo de seis meses para elaborar el informe, por lo que no estará listo en la primera mitad del 2020.
