Los recursos contenciosos-administrativos presentados por propietarios de terrenos en el litoral norte de la provincia, así como por los ayuntamientos de Peñíscola, Alcalà de Xivert y Orpesa, reclaman la anulación total del Plan de Actuación Territorial de la Infraestructura verde del Litoral (Pativel) que, precisamente, la Generalitat quiere reforzar e impulsar.

En pleno debate sobre cómo afrontar la reparación de los daños causados por la borrasca Gloria en el litoral y qué medidas preventivas ejecutar para evitar males mayores, la Generalitat anunciaba la pasada semana respecto al Pativel que se ha acordado que los técnicos «estudien posibles mejoras para adaptarlos a la nueva realidad». También pretenden actuar sobre el Plan de Actuación Territorial del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana (Patricova).

Mientras el Gobierno autonómico defiende una postura que se antoja todavía más proteccionista, las peticiones de los afectados por el Pativel van en sentido totalmente contrario y solicitan al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dejar sin efecto este plan del litoral. «Todas piden la nulidad del Pativel porque es una disposición general y persiguen la nulidad total», explica José Manuel Palau, abogado y socio del despacho Gómez Acebo & Pombo, donde dirige el departamento de Urbanismo. Este bufete es el que se encarga de la defensa de los intereses de propietarios de Peñíscola, Alcalà de Xivert y Vinaròs.

edificabilidad // Entre los motivos de nulidad, los recurrentes alegan una «incorrecta tramitación» del Pativel y la ausencia de determinados documentos necesarios, como «el económico-financiero y el informe de impacto de género». Aunque la principal línea de flotación va al efecto que provoca, según las áreas. «El Pativel deja sin efecto la edificabilidad en muchas zonas».

Es ahí donde radica uno de los principales problemas, al frenar posibles desarrollos urbanísticos e inversiones en municipios claramente turísticos. De todos modos, su aplicación, a pesar de aprobarse en el año 2018 tras recibir más de 4.000 alegaciones, no ha tenido efecto. Según explica este abogado los ayuntamientos, para incorporar los preceptos del Pativel, deben revisar sus planes generales, para lo cual se requieren de seis a siete años.

En cuanto a la revisión anunciada por el Consell, Palau cree que esto solo se quedará en palabras, porque considera que, aunque el Pativel se hubiera aplicado, las consecuencias del temporal hubieran sido las mismas. «No se puede endurecer más de lo que está. El problema de la costa es lo que ya está hecho y no tiene solución», sostiene.

Por su parte, el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, lamentó que el Consell no tuviera en cuenta, en su momento, las alegaciones al respecto, ya que plantea en la línea de costa, en la zona sur, una protección a dos niveles, pero con las limitaciones del tramo inicial, mientras que el resto de municipios, a excepción de otro de Alicante, solo cuentan con un nivel. «A la vista de la incidencia del temporal y del cambio climático está claro que es necesario un replanteamiento urbanístico, pero desde el consenso de todas las partes, es decir, afectados, ayuntamientos y el resto de administraciones, pero lo primero que hay que hacer ahora es invertir en recuperar la costa», asegura el primer edil.

urge reconstruir // «No queremos que escurran el bulto, primero hay que reconstruir todo, y después que se replanteen lo que consideren. Las inversiones deben llegar porque las playas están destrozadas y en dos semanas empiezan la temporada turística, que es fundamental para nuestra economía», explica.

En el caso de Alcalà, la parte más afectada es la correspondiente al sur de la costa de Alcossebre y el entorno de Capicorb. Hasta conocer los planes del Ejecutivo valenciano, al respecto del Pativel, el alcalde de la localidad, Francisco Juan, insiste en que la postura del Ayuntamiento «sigue siendo la misma» que han defendido ante los tribunales. «Pedimos un Pativel consensuado con los municipios y que contemple alternativas. Siempre hemos defendido que debe protegerse el medio ambiente, pero no a costa de desclasificar y dejar sin derechos a los propietarios. Hemos exigido una mayor capacidad de diálogo por parte de la Generalitat, que ahora al anunciar por su cuenta que va a haber un endurecimiento del Pativel, sin haber contactado con los municipios, muestra otra vez la poca capacidad de consenso», indica.

La Conselleria de Política Territorial es la administración competente en esta materia, pero ayer no se pronunció sobre la hoja de ruta a seguir ahora.