La última propuesta planteada por el Gobierno para aliviar la asfixia financiera de los ayuntamientos tras el fracaso del decreto inicial de movilización de los ahorros bloqueados ofrecerá a los consistorios de la Comunitat es una mayor flexibilidad para disponer de una parte de los 525 millones de euros del superávit del 2019. La suspensión de la regla de gasto, junto al resto de medidas anunciadas ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, podrían tener un impacto de 330 millones en las entidades locales de la Comunitat Valenciana.

El nuevo planteamiento del Ejecutivo central, que elimina la parte más polémica del decreto inicial tumbado hace cinco días en el Congreso -la cesión al Estado de los remanentes municipales- ha suscitado una respuesta moderadamente positiva entre los partidos que propiciaron ese rechazo parlamentario.

En la órbita de Compromís dieron la bienvenida a la «rectificación» de Hacienda, pero tanto el diputado Joan Baldoví como el alcalde de València, Joan Ribó -dos de los más combativos con el decreto- la siguen considerando insuficiente y reclaman negociar el desbloqueo total de los remanentes y la recuperación del fondo de 5.000 millones inicialmente anunciado por el Gobierno.

Otra de las demandas de los primeros ediles para que la medida sea eficaz es que la suspensión de la regla de gasto se extienda a 2021, cuando se prevén las mayores complicaciones para las finanzas municipales. Montero abrió la puerta a esta medida.

El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro (PSPV), señaló que suspensión de la regla de gasto es «una de las mejores noticias» que se les puede dar a los ayuntamientos, puesto que les libera de tener que elaborar planes de ajuste para recortar servicios o subir impuestos si rebasan la barrera. También el president de la Generalitat, Ximo Puig, aplaudió el anuncio y dijo que permitirá que los consistorios «puedan colaborar activamente en la recuperación económica y social».

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, destacó el «esfuerzo» del Gobierno por poner en marcha medidas urgentes para que los municipios aumenten sus recursos y el margen del presupuesto. Martí indicó que es importante «aliviar» la situación financiera de los ayuntamientos, de ahí que considere una medida adecuada que se suspenda la regla de gasto en 2020 y que se prorrogue el uso del superávit de 2019 para inversiones financieramente sostenibles.

Además, insistió en el «diálogo» entre las fuerzas políticas para que estas propuestas, que ya estaban recogidas en la que fue rechazada la semana pasada en el Congreso, «se vean mejoradas porque hay que buscar fórmulas para poder usar los remanentes».

Para el portavoz del PP en la Diputación, Vicent Sales, el PSOE «se ha cargado el consenso histórico que ha habido en la Federación España de Municipios y Provincias y creemos que ahora es el momento de recorrer un camino para volver a tender la mano, recuperar los acuerdos y el consenso».

Sales afirmó que el PSOE «fue derrotado en el Congreso y no pudo aprobar el decreto con el que expropiaba los ahorros de los Ayuntamientos. Llegados a este punto, es necesario reconstruir el diálogo y por eso pedimos que desde la Diputación se contribuya a recuperar el consenso entre todos los partidos para que el municipalismo opte por la mejor defensa de los intereses de los vecinos».