Si nada lo remedia, los ayuntamientos del entorno de las desaladoras deberán abonar, en los próximos 25 años, el coste de los trabajos de construcción de las mismas, que ascienden a 100 millones de euros.

No obstante, desde hace varios meses los alcaldes negocian con Acuamed una moratoria de tres años en las cuotas de construcción anuales y una adaptación del convenio para ajustar lo que paga cada ayuntamiento a su consumo real. Y es que ese acuerdo se firmó en el año 2006 conforme a unas expectativas de crecimiento urbanístico que se truncaron con la crisis económica y están desfasados.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, aseguró que su gobierno luchará «hasta el final» para que las desaladoras «se pongan en marcha, pero no con un contrato que heredamos de la antigua corporación y que no se ajusta para nada a la realidad».

El escenario es similar en Orpesa y Cabanes y, en el caso de la otra infraestructura de la provincia, en Moncofa y Xilxes. No obstante, los alcaldes de estos municipios también muestran su enfado y resignación por el hecho de que Acuamed «tiene la sartén por el mango». Pese a ello, también están dispuestos a continuar con la negociación para evitar su «ruina económica».