La unanimidad en la provincia de Castellón con la problemática del tráfico pesado es prácticamente total. Y es que tanto los alcaldes del entorno de la CV-10 como los partidos políticos se sumaron ayer a las demandas de los transportistas y pidieron medidas para reducir el paso de camiones y la siniestralidad en la autovía que lleva al aeropuerto, al menos mientras duren las obras en Borriol. Todos los implicados coinciden en que la solución pasa por una liberalización de la AP-7, ya sea solo durante los trabajos o de forma definitiva, mientras Fomento guarda silencio.

Los accidentes en la CV-10, el último con tres camiones implicados y un conductor fallecido, han vuelto a poner a los ayuntamientos en pie de guerra. La alcaldesa de Torreblanca, Josefa Tena, aseguró que el fin de los peajes en la AP-7 es una «reivindicación histórica» de los municipios de la zona y que ahora, con el cambio de gobierno, seguirán «pidiendo soluciones con independencia del color político». «Esperemos que se escuchen nuestras peticiones», sentenció la munícipe socialista.

El primer edil de otra localidad por donde pasa la CV-10, la Pobla Tornesa, se mostró partidario de «ser coherente» y mantener la demanda de levantar los peajes al tráfico pesado en la autopista del Mediterráneo, «mientras duren los trabajos en Borriol y después también». Según José Carlos Selma, urgen medidas porque la autovía está «totalmente colapsada, sobre todo desde que se prohibió el paso de camiones por la N-340 entre Nules y Orpesa». «A largo plazo se pueden buscar otras soluciones», como la prolongación de la CV-10 hasta la Jana, «pero a corto plazo, la única opción pasa por que los camiones utilicen la AP-7 sin peajes», añadió Selma.

LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS // Desde los partidos políticos de la provincia también ven con simpatía esta demanda de la Asociación Castellonense para el Transporte de Mercancías. El secretario general del PSPV, Ernest Blanch, afirmó que si es «administrativa y económicamente posible avanzar la liberalización de la AP-7, no tenemos ningún problema». La formación socialista, ahora en el Gobierno central, ha pedido en numerosas ocasiones la gratuidad de esta vía a partir del 1 de enero del 2020, cuando acaba la concesión, y respecto a un posible avance en la agenda, afirmó que habría que estudiarlo a nivel técnico y «ver qué administración pone el dinero necesario».

Por su parte, el diputado del PP en Les Corts, José Ramón Calpe, pidió al president Puig que exija al ministerio de Fomento la liberalización de la AP-7 mientras duren las obras en la CV-10 y la CV-13, que comienzan el lunes. El popular pidió «coherencia» a Puig, pues «antes exigían el desvío del tráfico durante los trabajos».

También Podem presentó una proposición en la cámara autonómica en la que exigen establecer «la gratuidad inmediata» de la autopista durante los trabajos.