Alcaldes del PP de la provincia de Castellón reclamaron ayer que el Gobierno central asuma el coste de las plantas desaladoras, que se cifra en 116 millones de euros. Tal y como pidió la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, «las condiciones que marca el Gobierno para los ayuntamientos son inasumibles; que nos traten como Cataluña». Desde el PP recordaron que si otras poblaciones quieren conectarse, el coste lo deben seguir pagando Benicàssim, Oropesa, Cabanes, Xilxes y Moncofa.
