El mercado inmobiliario de Castellón no tiene solo que hacer frente a una pandemia global que ha desplomado la actividad, sino también a un nuevo decreto-ley autonómico que, pese a que no se ha ratificado todavía por Les Corts, ya ha creado la suficiente incertidumbre entre compradores y vendedores como para que se estén paralizando las compraventas en marcha.

Los representantes del sector inmobiliario en la provincia, al igual que los empresarios de la construcción, consideran que la norma no está bien diseñada y por ello instan a modificarla.

«El decreto seguramente tiene las mejores intenciones», indica el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad, Francisco Nomdedéu, en referencia a la intención expresada por la Conselleria de Vivienda de ampliar el parque público de viviendas mediante el derecho de tanteo y retracto tanto de vivienda pública como de privada, que cumpla determinados requisitos.

Sin embargo, Nomdedeu cree que su aplicación, en la práctica, «va a suponer muchas trabas para la actividad y ya se han parado un montón de operaciones».

Poca ayuda cuando, según los últimos datos proporcionados por el Colegio de Registradores, durante el pasado mes de mayo disminuyeron las compraventas de vivienda hasta en un 72% en la provincia, como publicó recientemente Mediterráneo.

dificultades // Tampoco es optimista el delegado en la provincia de Castellón de la Asociación Valenciana de Inmobiliarias, Joaquín Estañol, quien cree que es «muy probable» que finalmente se modifique el texto --la asociación de constructores de Castellón, Apecc, ya ha dado a conocer que, de no hacerlo, tienen previsto llevar el decreto ley ante el Tribunal Constitucional--.

«Las intenciones son buenas pero las consecuencias malas. Lo que no puede ser es que si la Generalitat tiene derecho a tanteo y retracto, pueda ejercerlo en el momento que quiera, interrumpiendo operaciones con particulares que ya están en marcha, con una inmobiliaria implicada, un banco, la documentación... El proceso puede demorarse hasta por tres meses, hasta que decidan si se la quedan», señala.

Será, en principio, el próximo día 15 cuando el decreto se llevará a Les Corts para su validación, en el caso de que desde la Generalitat no se escuche a las voces que piden que se tramite como un proyecto de ley, abriéndolo así a modificaciones.

NOTARIOS Y CONSTRUCTORES / Los colectivos vinculados al sector inmobiliario de Castellón ya han manifestado su preocupación por este decreto en cuanto a su afección sobre transacciones de viviendas de titularidad privada procedentes de daciones en pago ejecuciones hipotecarias, etc.

A los agentes de la propiedad inmobiliaria se han sumado en estos días atrás notarios y constructores, como ya publicó este rotativo, quienes han manifestado sus quejas por la interferencia que supone en el mercado libre este nuevo mecanismo para ampliar el parque de vivienda pública social, aunque su fin, legítimo, sea beneficiar y facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables de la sociedad, que han ido a más con los efectos de la crisis sanitaria y también económica del covid-19.

INSEGURIDAD JURÍDICA / Tanto desde Apecc como profesionales de despachos de notariado han expresado su preocupación porque el decreto supone, además, una «inseguridad jurídica». En opinión del presidente de la asociación de constructores, Fernando Alfonso, «es una barbaridad, va a ser perjudicial para propietarios, promotores y compradores». Tanto Apecc como PP han señalado estos días que estudian si es necesario presentar un recurso de inconstitucionalidad, aunque desde la Conselleria insisten en que se vela por el derecho a la vivienda que marca la Constitución.

La burocracia que supone notificar de cada operación a la Generalitat por el canal telemático es otro frente abierto, y al respecto, profesionales han señalado a este rotativo que la aplicación no está en marcha y han tenido que buscar alternativas dirigiéndose directamente a la dirección territorial de Vivienda de Castelló.