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INFORME

Alternativas ¿resolutivas?

Acudir a la Justicia, a los Cuerpos de Seguridad, a una empresa de ‘desokupación’ o a las administraciones son los caminos para devolver a la legalidad una ‘okupación’

 

Imagen de la Ciudad de la Justicia de Castellón - MEDITERRÁNEO

PALOMA AGUILAR 15/09/2020

Acudir a la Justicia, a las Fuerzas de Seguridad, una empresa de desokupación o a las administraciones públicas –ayuntamientos principalmente y Generalitat valenciana—son las cuatro principales vías para intentar solucionar una situación que se está convirtiendo en crónica tanto a nivel nacional como provincial: la okupación de viviendas.

TRIBUNALES
Una de las posibilidades con las que cuentan los propietarios de un piso okupado es acudir a los Tribunales de Justicia con el fin de restauren la legalidad en la vivienda. Así, una vez tenga conocimiento de la nueva situación de su propiedad, deberá acudir al juzgado de forma inmediata para pedir, por vía civil o vía penal, que se le reponga la situación anterior.


Con ayuda de un abogado --es lo más recomendable--, tendrá que demostrar ante el juzgados que él es el propietario del piso o casa okupada a través de los documentos pertinentes.
Hasta que se resuelva por parte del juez, el letrado podrá pedir al mismo la adopción de medidas cautelares.


Este proceso judicial puede durar varias semanas y tener un coste de entre 500 y 4.000 euros, según detalla el decano del Colegio de Abogados de Castellón.

POLICÍA Y GUARDIA CIVIL
Desde el Ministerio del Interior explican que para denunciar una okupación es importante acudir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, según la demarcación en la que se encuentre el afectado por esta situación.

‘DESOKUPACIÓN’
Recurrir a una empresa de desokupación es una de las medidas a las que los propietarios también suelen llamar en los últimos meses debido a que el tiempo desde del desalojo es mejor que el que establece la Justicia, según afirman desde Desokupa Express. El servicio se realiza entre una mañana y cuatro días y tiene un coste aproximado de entre 3.000 y 3.500 euros y también incluye el servicio jurídico. «El precio depende del trabajo que tengamos que realizar y del número de personal que tengamos que movilizar», afirma Salvador Palazón, propietario de la firma.


Una vez reciben la llamada, realizan una vigilancia previa para analizar a las personas que han ejecutado la okupación. Luego se dialoga con ellos y se les da un plazo para abandonar la vivienda además de establecer un vigilante uniformado. Si no dejan la vivienda, se refuerza ese control «y una vez salen, no vuelven a entrar en la misma».

INSTITUCIONES PÚBLICAS
El Ayuntamiento de Castelló, a través de las concejalías de Bienestar Social y Vivienda cuentan con ayudas para las personas que las puedan necesitar y evitar, de esa forma, que no permanezcan en las viviendas sin abonar el alquiler o de okupas. Desde el 14 de marzo que fue cuando comenzó el estado de alarma, se han destinado dos millones de euros a prestaciones de emergencia social que incluyen ayudas al alquiler.


El área de Vivienda cuenta este año con 135.000 euros más aportados por la Conselleria de Vivienda por la crisis sanitaria para residentes de alquileres con problemas económicos.
Un servicio de mediación municipal está a disposición de las personas que tengan que ser realojadas y que estén en situaciones de vulnerabilidad.


El consistorio capitalino cuenta con 221 viviendas municipales y está previsto ampliarlas, además de cuatro pisos puente de Generalitat valenciana y Ayuntamiento de la Plana.
Finalmente, los propietarios que decidan alquilar sus pisos disponibles para estas personas tendrán un incentivo de 1.500 euros además de 3.500 euros para posibles desperfectos e impagos que puedan haber. 

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