La Confederación de AMPA Gonzalo Anaya, que integra a la FAMPA Castelló Penyagolosa, instó a la Conselleria de Educación a realizar un diagnóstico, a través de las inspecciones educativas, sobre el cobro de cuotas y aportaciones económicas de cualquier tipo a los centros educativos.
Desde la organización señalan que hay que «controlar cualquier tipo de cobro a las familias porque esta práctica atenta contra el principio constitucional de la gratuidad escolar», en palabras de Silvia Centelles, presidenta de la Confederación Gonzalo Anaya, que junto a la de Castelló, también aglutina a la FAMPA-València y FAMPA Enric Valor de la provincia de Alicante.
«Cobrar a las familias», añadió Centelles, «es una acción irregular que alimenta la selección de alumnado en función de su poder adquisitivo». En su opinión, esto «provoca segregación según el nivel socioeconómico» de las familias. «No podemos permitir que se produzca», asegura la Confederación en un comunicado, «la transparencia y la fiscalización son fundamentales y la única garantía es contar con una red exclusiva de centros de titularidad pública». Recuerda que «cualquier otro tipo de gestión de la educación es un negocio que incumple este derecho universal».
