La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, animó a la sociedad civil a reivindicar la liberalización de la autopista AP-7 ante la «pasividad» del Gobierno central, que «no aclara cuál será el futuro» de esta infraestructura de pago cuando concluya el periodo de explotación, previsto para el 31 de diciembre del 2019. «El Gobierno municipal reclama la defensa de la gratuidad del peaje, porque es un acto de justicia para la ciudad y también para toda la Comunitat, por eso queremos que la ciudadanía se implique de lleno en esa exigencia», afirmó.
Marco lamentó la «incertidumbre» en torno a la autopista. «El ejecutivo ha de confirmar de una vez por todas el final de la concesión y ha de anunciar que no tiene intención de impulsar algún modelo de gestión privada, con otra prórroga, un nuevo concurso para la explotación comercial de la autopista o con algún tipo de peajes. Si lo hace, Rajoy estará beneficiando a grupos empresariales, pero perjudicará enormemente a la ciudadanía», expone.
PÚBLICA
«Reclamamos que la AP-7 sea gestionada de forma pública, con un uso abierto y gratuito en todo su trayecto, y exigimos la liberalización de la autopista como una compensación para Castellón», afirmó la alcaldesa. En ese sentido, recordó que en las últimas décadas, «la autopista nos ha costado miles de millones de euros a quienes hemos tenido la necesidad de utilizarla, mientras la carretera N-340 ha soportado más tráfico del deseable, se ha colapsado con frecuencia y ha registrado una elevada siniestralidad en la provincia».
La dirigente reclamó «el mismo trato» que se da a otras zonas del Estado, en los que no hay peajes y existe una red de comunicaciones segura. Por ello, aseguró que en los próximos meses se reforzará la presión institucional para lograr la liberalización.
