Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Castellón se desplazaron ayer a un inmueble situado en el grupo Santa Teresa de la capital para dar cobertura al desalojo civil de 11 viviendas. Varios vehículos policiales acudieron al lugar durante la tarde para acompañar a las autoridades judiciales por si se producía alguna alteración del orden público en el inmueble, situado en la entrada al término de Castellón desde la carretera de Almassora, en un despliegue que sorprendió incluso a los vecinos que residen con plenos derechos en la finca.

Según algunos testigos, este procedimiento lleva varios meses desarrollándose. Ayer se marchó voluntariamente un inquilino y en otra vivienda permanece una familia a la que el juzgado le ha dado 10 días de plazo para personarse ante el juez.

Los afectados explicaron que se trata de un edificio que se quedó una entidad bancaria debido a que la promotora no pagaba sus obligaciones y que, por este motivo, se inició la acción judicial contra el titular. Según la financiera, el desalojo no tiene que ver con el banco, ya que las personas que ocupan las viviendas en calidad de inquilinos son terceros con los que la entidad no tiene ninguna relación contractual.

El banco inició el procedimiento, se subastaron las viviendas, se adjudicaron y los afectados desconocían toda la problemática hasta fechas recientes, cuando se les fue notificando desde el juzgado. Pero ellos seguían haciendo vida normal y pagando la renta al que era el anterior dueño, supuestamente, que no tenía derecho a recibir alquiler alguno, porque las propiedades ya estaban subastadas y adjudicadas, aunque la toma de posesión por su legítimo propietario (el banco) no es posible porque están ocupadas por estas personas. En algunos supuestos, a los inquilinos se les ha intentado atender para llevar a cabo la compraventa de los inmuebles a su nombre o valorar ciertos arrendamientos legales, porque el que tenían con anterioridad no es válido.

La pareja que permanece en el inmueble explica a Mediterráneo que está pagando 260 euros por el alquiler y que cuentan con un contrato. Que el que se lo alquiló tiene la oficina en Vila-real y dos comerciales, que ellos vieron un anuncio en internet, les dieron llaves y que les gustaría que les devolvieran la fianza. Además, señalan los afectados que otros inquilinos de la finca, en cambio, no tenían contrato alguno.