El concejal del Ayuntamiento de Castellón Antonio Lorenzo, que ayer ejerció de portavoz eventual del equipo de gobierno, apeló al «cumplimiento de las leyes de memoria histórica, estatal y autonómica» en la retirada de la cruz del parque Ribalta, prevista por el bipartito y cuyo futuro ha vuelto esta semana a suscitar interés tras el derribo de la cruz de los caídos de la plaza de la Paz de la Vall d’Uixó. «Por parte del equipo de gobierno local se tomarán las decisiones que permitan las leyes», dijo Lorenzo, aunque no avanzó plazos.

Se sabe que el equipo de gobierno está a la espera de la autorización de la Conselleria de Cultura al proyecto que ocupará el espacio donde está colocado el monumento. Más de 800 metros cuadrados entre zonas verdes y paseo que sustituirán a la cruz del parque Ribalta, que recuperará el aspecto de la zona de los años 30.

Preguntado sobre si el monumento se destruirá -como ha pasado en la Vall d’Uixó- o se trasladará a otro lugar, Lorenzo manifestó que «se reubicará, creo».

EL PP PIDE EL COSTE // Por otra parte, la portavoz del grupo municipal popular, Begoña Carrasco, exigió saber «el coste del derribo de la cruz y del proyecto arbóreo». «Con la recién estrenada democracia, en 1979, en Castellón, por acuerdo plenario, se decidió que la cruz fuera un símbolo de homenaje a todas las víctimas de la violencia. Por lo tanto, desde hace 39 años sí cumple con la ley de memoria histórica, lo que esconden los gobiernos del cambio es una persecución de los símbolos católicos, tanto en la Vall d’Uixò como en Castellón», valoró la portavoz de los populares, denunciando «sectarismo del gobierno municipal».