El pleno de Les Corts Valencianes aprobó ayer la ley de estructuras agrarias de la Comunitat, que establece las acciones prioritarias para afrontar los retos del sector agrario del siglo XXI, integrando las funciones económicas, sociales, ambientales y territoriales, con la vista puesta en reducir el peso del minifundismo.
La nueva norma, que salió adelante por unanimidad, es «muy esperada y necesaria», fruto de un trabajo consensuado y con una base técnica y «útil» para lograr explotaciones modernas, rentables económicamente y territorialmente sostenibles, según manifestó la consellera de Agricultura, Elena Cebrián. Además, introduce herramientas para facilitar el acceso a la tierra, la incorporación de los jóvenes y una producción más respetuosa con los recursos naturales y el cambio climático.
La ley, añadió, abordará los cambios fundamentales del sector productivo agrario para hacer frente a crisis como la citrícola actual, con medidas como la definición del mapa agronómico y el suelo agrícola infrautilizado, y la creación de una red de oficinas gestoras de tierras, que consolida y apoya las experiencias de bancos de tierras existentes.
Asimismo, sienta las bases para un cambio «estructural» de la agricultura, ante su elevado minifundismo, la dispersión parcelaria, la excesiva relevancia de la agricultura a tiempo parcial o la falta de relevo generacional, junto a la escasa movilidad del mercado de tierras. «Queremos lograr la profesionalización del agricultor», indicó Cebrián.
