No pinta nada bien el futuro de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC). La patronal Ascer, la organización sectorial de mayor peso de la provincia y que más medios técnicos está poniendo con el fin de tratar de garantizar la supervivencia de la entidad, cree que pueden venir más sorpresas en el futuro, cuando se revisen los cursos de formación ofrecidos por la institución a partir del año 2012.
La idea la lanzó ayer el secretario general de Ascer, Pedro Riaza, preguntado por el futuro de la patronal CEC, después de que la anterior junta directiva fuera cesada por la gestión interna de la organización, y que ha desembocado en la solicitud de un concurso de acreedores por pérdidas de 1,7 millones. Desde aquel momento, se constituyó una junta gestora, cuya secretaría ha asumido Ascer, y cuyo secretario ayer se mostró muy pesimista respecto al futuro de la CEC.
«Yo no soy optimista y creo que es más probable y razonable una disolución o liquidación de la CEC que su mantenimiento», declaró rotundo Pedro Riaza, quien desveló un nuevo dato: aunque las pérdidas son de 1,7 millones de euros --cuantía que corresponde al cierre del presupuesto del 2015 y por la que se ha presentado el concurso de acreedores--, la deuda ya es en realidad de 2,3 millones de euros, diferencia que se derivaría del cierre del ejercicio 2016, aún sin aprobar.
La cantidad «puede sufrir minoraciones en el contexto del concurso de acreedores o eventualmente incrementos procedentes de cosas que todavía no se conocen, por lo que es una situación en la que no me atrevería a hacer ninguna predicción definitiva», deslizó, antes de soltar la bomba: «Quedan pendientes de revisión los planes de formación ejecutados [por la CEC] a partir de enero del 2012 y no sabemos qué pudo hacerse en ese ámbito concreto, aunque podemos suponer que había la misma práctica que se venía haciendo en años anteriores».
INVESTIGACIÓN JUDICIAL // Hay que recordar que la anterior cúpula de la CEC se encuentra investigada judicialmente por tres cursos de formación referidos a los años 2009 y 2010 y por los que la entidad habría recibido 1,2 millones de euros. La Generalitat, en la revisión de la justificación de las subvenciones, puso reparos y entregó toda la documentación y los hechos en conocimiento de los tribunales, al considerar que presuntamente se habrían cobrado los fondos pero no se habrían realizado los cursos.
Precisamente, a estos mismos hechos aludió Pedro Riaza a los micrófonos de los distintos medios, citándolos entre las cuestiones que podrían «empeorar la situación», un contexto entre los futuribles en el que cabe que le puedan imponer a la CEC «una pena por parte del juzgado».
El secretario de Ascer defendió que la patronal azulejera está «tratando de introducir en este proceso cordura y sentido común, que creo que hacen falta», además de personal y recursos económicos, después de haber sido acusada de abogar por la liquidación de la CEC, en lugar de defender su reflotamiento.
