La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón estima el recurso de apelación presentado por el PP de Castelló, revoca así el auto de sobreseimiento provisional de la causa dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Castelló y ordena continuar con el procedimiento contra los tres investigados, el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, la exvicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal y el asesor de dicho grupo político en la coporación de la capital provincial Miguel Torres.
La Audiencia considera que de la instrucción seguida "resultan suficientes indicios racionales de criminalidad para no descartar la participación" de los tres investigados en la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos, por el envío en 2014 de sobres con propaganda electoral de Compromís a cargo del presupuesto municipal.
De hecho, como recoge la resolución, los hechos objeto de investigación plasmados en la querella inicial vienen referidos, sintéticamente, al envío (en sobres con membrete y escudo del consistorio) en mayo de 2014 por concejales del Ayuntamiento de Castellón pertenecientes al grupo municipal Bloc/Compromís de propaganda electoral de dicho partido con cargo al presupuesto municipal.
La causa había sido sobreseída provisionalmente el pasado 22 de noviembre después de que la Fiscalía pidiera su archivo.
La actuación judicial se inició tras una querella presentada por el PP contra Brancal, Nomdedéu y Miquel Torres, que entonces era asesor municipal del grupo Compromís.
Nomdedéu y Brancal declararon como investigados ante el juzgado de instrucción 2 de Castellón en su condición de querellados en julio de 2018. Meses después, Brancal dimitió como vicealcaldesa de la ciudad de Castelló, después de que el pleno del Ayuntamiento decidiese aplicarle el Cógido de Buen Gobierno y se dio de baja en el partido.
Tras el sobreseimiento, la parte querellante presentó un recurso, con la oposición del Ministerio Fiscal y de los investigados, para pedir la revocación del auto de soreseimiento provisional de la causa al entender que las pruebas practicadas sí que demostraban que se había cometido malversación de caudales públicos al enviar esos sobres con propaganda electoral de las Elecciones Europeas con membrete del Ayuntamiento de Castelló.
La Sección Primera ha resuelto ahora el recurso y explica que "examinada toda la instrucción seguida y las alegaciones de las partes, asiste la razón al recurrente, pues del resultado de las diligencias de investigación practicadas no es posible descartar la participación de los investigados en los hechos ilícitos denunciados, pues existen suficientes indicios racionales de criminalidad para su imputación".
Estas diligencias de investigación permiten deducir, "provisionalmente pero también razonadamente", que los citados investigados como miembros del grupo municipal Compromís "participaron de la decisión del envío de propaganda electoral de su partido con cargo al presupuesto del Ayuntamiento con independencia de quien materialmente colocara/llevara los envíos postales al servicio municipal de correos".
La sala también cree que hay indicios de que perpetraran un delito contemplado en la querella en relación con el coste del envío postal del grupo Compromís.
Así, considera que hay "suficientes indicios racionales de criminalidad" y considera que debe continuar la causa contra los investigados
