El proceso judicial contra la ya liquidada Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) por el supuesto desvío de 1,8 millones de euros, procedentes de unos cursos de formación que nunca se impartieron, continúa. Así lo establece un auto de la Audiencia Provincial dado a conocer ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), después de que la sala rechazara un recurso interpuesto por la CEC y otras cuatro empresas contra la incoación de procedimiento abreviado emitida por el juzgado número 1 de Nules. Ello significa que el antiguo secretario general, Rafael Montero, está al borde del banquillo junto a los otros investigados.
La Audiencia cree que el relato de los hechos aportado por el instructor no permite «descartar su consideración como delictivos»; y que de quedar probados podrían ser considerados como «falsedad en documento mercantil» y «fraude de subvenciones». El recurso pedía el sobreseimiento y archivo de la causa apelando a que la argumentación es «totalmente insuficiente» y que tiene «absoluta incongruencia omisiva».
Esto significa que se ha puesto fin a la fase de instrucción. La siguiente sería el juicio oral, pero son las acusaciones las que tienen que solicitar su apertura, tras darles traslado de este auto la Audiencia Provincial.
acusación // El relato de los hechos detalla que los investigados, cuatro empresas --Celsa, Centro de Oficios La Vall S.L., Restaurante El Palau de La Vall S.L. y Centro de Formación Alto Palancia S.L--, la CEC, dos personas y el Instituto de Fomento de Formación Empresarial de Castellón emitieron facturas con cargos a fondos de subvención concedida a Cierval --patronal autonómica, también disuelta-- por cursos de formación que no se impartieron. Estos fueron «directamente abonados a sus emisores desde la CEC cuando esos cursos ni se iban a impartir ni habían sido incluidos como docentes en el programa, ni participaban en el módulo de riesgos laborales que supuestamente debían impartir según constaba en la memoria del Plan de Formación aprobado».
Para el magistrado, «contrariamente a lo expuesto por los recurrentes», los hechos «se apoyan en las múltiples diligencias de investigación practicadas».
Se da continuidad de esta manera a un proceso judicial que comenzó en julio del 2016 a instancias del juez de Nules Jacobo Pin, el mismo que fue el encargado de investigar el caso Fabra.
