La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) considera que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma la anulación de varios artículos del decreto del uso del valenciano en la administración autonómica es «contraria a la normalización» de esta lengua y estima que el fallo «hace evidente que hay una necesidad urgente de establecer el requisito lingüístico de acceso en la función pública para garantizar el derecho de todos los valencianos a ser atendidos y recibir los escritos administrativos en su lengua preferente».

La Acadèmia «no comparte» la argumentación utilizada por el tribunal referida a la falta de validez jurídica del concepto «ámbito lingüístico». Por otro lado, el hecho de impedir la comunicación en la lengua compartida entre administraciones públicas de diferentes comunidades autónomas (Comunitat Valenciana, Cataluña y Baleares) «vulnera la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, firmada y ratificada por España», asegura. La AVL apoyará al Ejecutivo autonómico «en todas aquellas acciones que pueda emprender para defender el uso y la normalización del valenciano en la Administración Pública».

Por su parte, el Institut d’Estudis Catalans (IEC) criticó al TS por «obligar a las administraciones balear. catalana y valenciana a comunicarse entre ellas en castellano». «La justicia, para serlo, no puede ser ni ilógica ni acientífica ni incomprensible», expone el IEC, para quien la sentencia «expone el odio ancestral de alguna de las más altas instituciones estatales hacia la lengua compartida por una cuarta parte de la población de España».