La polémica de los últimos días en la Vall d’Uixó a costa del derrumbe de la Cruz de los Caídos «no modifica la hoja de ruta del Ayuntamiento de Castellón respecto a la retirada de la cruz del parque Ribalta». Así lo aseguran a Mediterráneo fuentes consistoriales, que niegan que los acontecimientos de esta semana en otro municipio de la provincia vayan a condicionar los ritmos de este asunto en la capital de la Plana.

Estas fuentes niegan que el conflicto en la Vall, donde la demolición llegó a suspenderse el martes ante las protestas vecinales, tenga que ver con una reunión «de trabajo» que mantuvieron ayer «concejales y técnicos» del Ayuntamiento con funcionarios de la Conselleria de Cultura para abordar esta cuestión, entre otras. «El encuentro estaba convocado y se habría producido igual», aseguran, para desmentir que se estén acelerando los trámites de una acción que se retrasó, entre otras cuestiones, por la falta de dinero hasta la aprobación de los presupuestos del ejercicio 2018.

Desde el departamento que dirige Vicent Marzà confirman la existencia del encuentro con personal de la Dirección Territorial, y explican que el objetivo del mismo fue avanzar en la elaboración «coordinada» del informe con el que el Consell debe autorizar la retirada del símbolo. El estudio, al que ninguna de las dos administraciones quiso poner una fecha de publicación, es obligatorio al ser el parque Ribalta un bien de interés cultural (BIC).

Desde el gobierno autonómico indican que su posicionamiento sobre la cruz se enmarca «dentro de un informe más amplio» que debe dar el visto bueno --o no-- al proyecto que el consistorio presentó en su momento y que apuesta por recuperar la vegetación que existía en este espacio en la década de los 30.

EN LOS PRÓXIMOS MESES

El objetivo de Castellón sigue siendo retirar la cruz antes de que finalice la legislatura, tal y como afirmó esta misma semana el portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castellón, Rafa Simó.

Mientras la Plataforma en defensa de la Cruz del Ribalta ha pedido a la justicia una suspensión «cautelarísima» del derribo, la asociación Amigos del Ribalta reitera que «es necesario cumplir con la ley de memoria histórica». H