A los ayuntamientos de Castellón les sobran los motivos para temblar cuando piensan en los cambios fiscales que se avecinan. Y el más importante tiene que ver con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Detrás de esta larga denominación se encuentra lo que en la calle se conoce como la plusvalía municipal, un impuesto que hay que pagar cuando un inmueble cambia de manos (el vendedor, en compraventas, o el adquiriente, en caso de herencia o donación) y que grava la teórica revalorización que experimenta una vivienda durante los años transcurridos desde la anterior transmisión. Y ese impuesto, que en el 2017 fue anulado por el Tribunal Constitucional en el caso de que no haya ganancias, ha sido el salvavidas que en muchos casos ha mantenido a flote las arcas municipales durante la crisis.

A la espera de que el Gobierno presente el proyecto de ley para modificar el impuesto sobre plusvalía, los ayuntamientos de la provincia se agarran a un tributo que cada año les aporta más y más ingresos. Un solo dato basta para entenderlo: la última liquidación de cuentas remitida por todos los ayuntamientos de Castellón al Ministerio de Hacienda revela que en durante el 2016 los consistorios de la provincia recaudaron por ese concepto 19 millones de euros, un 7% más que un año antes, cuando fueron 17,8 millones.

Para hacerse una idea del impacto que supone este impuesto para las arcas locales solo es necesario comparar la cifra del 2016 con la del 2008. Durante el primer año de la crisis, los ingresos municipales por plusvalías ascendieron en Castellón a 12,9 millones. O dicho de otra manera: en solo ocho años este tributo ha aportado a las cuentas municipales un 47% más de ingresos.

La plusvalía ha sido de vital importancia para los ayuntamientos. Y lo ha sido porque mientras los ingresos de otros impuestos evolucionaban a la baja, en el caso del IIVTNU la tendencia ha sido justamente la contraria. Así, y por citar un ejemplo, mientras que la recaudación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) ha pasado de 21,4 millones en 2008 a 19,6 en 2018, las plusvalía municipal se ha disparado, compensando de esta manera la caída de los ingresos por una menor actividad económica. No obstante, el tributo que más ingresos aporta a los ayuntamientos es el IBI, cuya recaudación supera los 220 millones de euros.

A LA ESPERA DE LA NORMA ESTATAL // La plusvalía ha sido un filón para los ayuntamientos de la provincia y los alcaldes están a la espera de que el Ministerio de Hacienda de luz verde al proyecto de ley para modificar el impuesto. Y esa nueva normativa podría llegar en verano. De hecho, el Gobierno ya ha pactado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un texto legal que en la práctica obligará a todos los ciudadanos a demostrar que incurrieron en pérdidas con la venta. Además, la norma no tendrá carácter retroactivo.

Mientras se aprueba la nueva normativa, hay ayuntamientos que están siendo obligados por la justicia a devolver el impuesto. A finales del pasado enero, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón obligaba al consistorio de la capital a la devolución de una plusvalía. De hecho, el Ayuntamiento estima que tendrá que devolver el 5% de los recibos emitidos en el 2017.