Castellón es la provincia de la Comunitat donde de forma más ágil se ha implantado el nuevo modelo de valoraciones de dependencia en los Servicios Sociales municipales. Así lo indicó ayer la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, al asegurar que los ayuntamientos de la provincia han implantado, desde marzo, este sistema con gran celeridad. Actualmente, hay 86 profesionales acreditados para valorar. En el 2014, se hacían una media de 87,1 valoraciones al mes. En lo que va de año la media mensual es de 186,25.
El número de valoraciones ha ido en aumento, aunque, como denuncia la Plataforma en Defensa de la Dependencia, el problema radica en que los expedientes se quedan bloqueados cuando llegan a València, ya que no hay suficiente personal para darles salida. Y es que este departamento es el encargado de analizar la valoración realizada por los ayuntamientos y asignar la prestación correspondiente, ya sea económica o válida para algún servicio.
Tras las críticas de los dependientes, el departamento de Mónica Oltra ha decidido que para agilizar la tramitación de las resoluciones de dependencia «se va a poner en marcha un plan global de refuerzo de personal». El plan supondrá la incorporación de 10 nuevos auxiliares de gestión en la Dirección General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia.
transición // «La implantación del nuevo modelo en la provincia de Castellón se está haciendo a través de una transición amable, de manera que desde la Conselleria se sigue respaldando la labor de los equipos de valoración municipales, para que puedan adaptarse paulatinamente al nuevo sistema», apuntaron.
Según datos de la Conselleria, en los últimos dos años el número de beneficiarios del sistema de atención a la dependencia ha crecido en 2.100 personas en Castellón, llegando a 6.714. «La lista de espera se ha reducido en 2.176 personas», apuntan. De todos modos, desde la plataforma aseguran que más de 1.500 castellonenses tienen reconocido el derecho a percibir una prestación, pero todavía no lo reciben debido a la ralentización burocrática.
