Su nombre es Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Detrás de esta larga denominación se encuentra lo que en la calle se conoce como la plusvalía municipal. Para cualquier contribuyente es un tributo que tiene la obligación de pagar cuando vende un inmueble o lo adquiere por herencia o donación. Para los ayuntamientos, en cambio, el impuesto de plusvalía es un filón, y de los importantes. Porque ha sido este gravamen y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) lo que les ha permitido amortiguar la caída de ingresos durante los años de crisis. Pero uno de esos pilares podría estar a punto de caerse. El Tribunal Constitucional (TC) acaba de declarar nulo parcialmente el impuesto y defiende que no debe pagarse cuando el titular de la vivienda la venda a un precio inferior al que pagó por ella.

Aunque la decisión del alto tribunal se refiere al impuesto de plusvalías del Ayuntamiento de Irún, afectado por las normas forales de Gipuzkoa, los expertos aseguran que es cuestión de semanas que el Constitucional obligue también al Gobierno a modificar la Ley de Haciendas Locales. Si lo hace cortará de raíz los ingresos de todos los los ayuntamientos de Castellón, ya que el impuesto de plusvalía es uno de los más importantes para las arcas locales. Se calcula en función del valor catastral de los inmuebles, al que se aplican unos coeficientes que aumentan en función del número de años transcurridos desde la anterior transmisión. Y el resultado de esta fórmula siempre es positivo.

INGRESOS EN AUMENTO // En Castellón hay muchos millones de euros en juego. Los últimos datos que maneja el Ministerio de Hacienda revelan que los ayuntamientos de la provincia recaudaron en el 2015 (los datos del 2016 aún no están cerrados) 17,8 millones de euros en concepto de impuesto de plusvalía municipal, una cifra en la que se incluyen todas las liquidaciones, tanto las que corresponden con transacciones que han conllevado pérdida de valor del inmueble (declaradas nulas por el TC) como las que no lo han hecho.

En los ayuntamientos la incertidumbre es total, Junto al IBI (impuesto con el que los consistorios recaudan cada año en Castellón más de 200 millones de euros) el tributo de plusvalía se ha convertido en otra gallina con los huevos de oro. Dos datos basta para entendelo: en el 2008, los ayuntamientos de la provincia recaudaron por este concepto 12,9 millones de euros. En el último año fueron 17,8.

Los ayuntamientos ven peligrar una fuente importante de ingresos y se exponen, además, a una gran cantidad de reclamaciones por parte de particulares y promotoras que durante los últimos cuatro años han vendido sus propiedades por menos dinero del que las compraron. Ciudadanos ya ha presentado mociones en varios consistorios reclamando la devolución del importe y las primeras reclamaciones ya se han producido. «Las solicitudes de devolución que están llegando se están denegando, ya que la ley ahora mismo no permite aplicarlas”, asegura Javier Ferreres, concejal de Hacienda de La Vall d’Uixó, que añade que la previsión es que “el Gobierno vaya en la línea de la sentencia del TC y cambie la ley para recalcular las plusvalías. Será entonces cuando podamos aplicar el recálculo o devolver el importe».